El Tribunal Supremo ha puesto en marcha el proceso para aplicar la recién publicada ley de amnistía a los distintos casos relacionados con el procés independentista. Tanto el juez Pablo Llarena como la Sala que sentenció el procés como, finalmente, la jueza que investiga a Carles Puigdemont por terrorismo han pedido alegaciones a las partes para que informen sobre la aplicación de esta ley a todos los casos. Llarena, además, ha recordado que la orden nacional de detención que pesa sobre el expresident catalán sigue activa y que, por tanto, será arrestado si entra en España.

El Boletín Oficial del Estado ha publicado este martes la ley de amnistía aprobada por el Congreso el pasado 30 de mayo con 177 votos a favor de la mayoría que apoya al Gobierno y los votos en contra de PP, Vox, UPN y Coalición Canaria. Una norma que busca el archivo de todas la causas o la revocación de todas las condenas relacionadas con el procés independentista catalán y que tiene incidencia, entre otros, en Carles Puigdemont, todavía imputado por la causa original del procés y ahora también investigado por terrorismo en el caso ‘Tsunami Democratic’.

Distintas facciones de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo han sido las primeras en mover ficha y han pedido a las partes de las diversas diligencias relacionadas con el procés que informen sobre cómo afecta la ley de amnistía a los casos abiertos o sentenciados. Tanto el juez Pablo Llarena como la Sala de lo Penal como la magistrada Susana Polo.

En el caso de Llarena, que instruyó la causa principal del procés e intenta desde hace años traer a Carles Puigdemont a España para que sea juzgado, recuerda que tanto él como Toni Comín, Lluís Puig y Marta Rovira tienen una orden nacional de detención dentro de España. La Policía y la Guardia Civil, explica el juez, “deben proceder a su cumplimiento mientras esas decisiones no sean judicialmente modificadas o revocadas”. Carles Puigdemont, en pleno proceso de elección de un nuevo president para la Generalitat de Catalunya al que pretende presentarse como candidato a la investidura, no puede entrar en España sin ser detenido.

El instructor de la causa del procés reconoce que es trabajo del legislativo establecer “los criterios para ser beneficiado por la amnistía”, pero añade que es trabajo del poder judicial “identificar a las concretas personas comprendidas en el ámbito de aplicación”.

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