El Senado da el visto bueno a la reforma del aborto en pleno debate en el Constitucional sobre el recurso del PP

El Senado ha respaldado este miércoles por 146 votos a favor, 110 en contra y seis abstenciones la reforma de la ley de salud sexual y reproductiva, que vuelve ahora al Congreso para su aprobación definitiva. El visto bueno a la norma y el rechazo a los vetos propuestos por el PP y Vox se ha dado en el momento en el que el Tribunal Constitucional intenta acordar por fin una sentencia que resuelva el recurso interpuesto por los populares en 2010. Tras 13 años de aplicación de la ley que permitió el aborto libre hasta la semana 14, aún no hay fallo de los jueces pero las Cortes están a punto de dar luz verde a una reforma que busca blindar y reforzar el derecho.

Tras cuatro horas de debate en el pleno, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha intervenido para agradecer "a la mayoría feminista" de la cámara que "vaya a hacer posible la aprobación" de la del texto. Una ley, ha enumerado, que "nos va a permitir que todas las mujeres puedan interrumpir voluntariamente su embarazo en el centro público más cercano", por la que las jóvenes de 16 y 17 años podrán abortar "sin tutelas como hacen con cualquier otro procedimiento médico" o que reconoce "la salud menstrual" como "parte del derecho a la salud" de las mujeres.

Mientras, el Constitucional intenta ponerse de acuerdo en base a un borrador de sentencia elaborado por el magistrado conservador Enrique Arnaldo que declara constitucional la esencia de la ley, es decir, el sistema de plazos. Eso sí, lo hace vinculándolo a que la mujer reciba información y se le otorgue un periodo de reflexión de tres días. Lo que sí declara inconstitucional el borrador es que la información sea verbal solo cuando la mujer lo solicita y no siempre. Este es un punto que mantiene ahora la reforma, que también elimina el periodo de reflexión, aunque la sentencia no le afecta porque responde a un recurso interpuesto contra la anterior ley.

La norma sale del Senado con pocos cambios a pesar de que los grupos presentaron casi 200 enmiendas. Lo que sí han acordado es incluir una transaccional presentada por el PSOE en plena polémica por las medidas sobre el 'latido fetal' de Castilla y León, con la que se pretende vetar que las administraciones públicas puedan poner en marcha prácticas que "pretendan alterar, ya sea para afianzar, revocar o demorar, la formación de la voluntad" de las mujeres que han decidido abortar.

También se han incorporado a lo largo del texto referencias a que la información que deberán recibir las mujeres o las campañas de prevención de las violencias vinculadas los derechos sexuales y reproductivos se harán también en las lenguas oficiales de las comunidades o que la lengua se tendrá en cuenta a la hora de garantizar el enfoque antidiscriminatorio de la ley. A petición de ERC se ha añadido también que las mujeres que han visto vulnerados sus derechos deban ser informadas de la existencia de servicios de asistencia.

La ley ha contado con la oposición del PP, Vox y Ciudadanos, que han cargado contra la recuperación del derecho de las jóvenes de 16 y 17 a años abortar sin consentimiento paterno, algo que ya estaba en la norma de 2010 pero que suprimió cinco años después el Gobierno de Mariano Rajoy o contra la eliminación de los tres días de reflexión, la obligación de entregar información a las mujeres sobre ayudas a la maternidad o la creación de un registro de objetores de conciencia.

Una ley "innecesaria, precipitada y sin consenso social ni político", ha dicho sobre ella el senador del PP Antonio Román, que asegura que conlleva "una presunta vulneración de derechos fundamentales" y que supone una "estigmatización y señalamiento" de los profesionales sanitarios "por razones ideológicas". Se refiere el popular a estos registros de objetores que deben crear las comunidades con el objetivo de organizar los servicios sanitarios y poder contar siempre con profesionales disponibles para realizar los abortos en centros de titularidad pública, una de las metas de más calado de la reforma.

Más allá ha ido Vox, que ha vuelto a desplegar una vez más su argumentario antiaborto en el pleno y ha acusar a los partidos que apoyan la norma de "promover bajo el paraguas de una supuesta promoción de derechos una cultura de la muerte en la que es mejor matar a un ser humano que ayudarle a seguir adelante", en palabras de Yolanda Merelo, que ha calificado la reforma de "antihumana" y ha llegado a afirmar que en España reina un "ambiente antinatalista" bajo el que "muchos médicos ante cualquier complicación aconsejan abortar para cubrirse las espaldas".

"Aborto sí o aborto no no es lo que venimos a hablar hoy aquí y no vamos a consentir que se discuta más a las mujeres un derecho que está garantizado", ha respondido la senadora socialista Donelia Roldán. Por su parte, Eva Granados, también del grupo socialista ha insistido señalando a PP y Vox en que la ley "no obliga a ninguna mujer a abortar" y la ha calificado de "necesaria" porque las mujeres "queremos ser libres, iguales y exigimos respeto", además de "corregir un retroceso que nunca debió darse", en referencia a la reforma popular del 2015. A lo mismo ha apuntado la parlamentaria de ERC Sara Bailac, para la que es "urgente" este punto de la norma y también ha lamentado que "la derecha y la ultraderecha consigan llevarnos a debates ya superados" sobre el aborto.

La mayoría de la cámara ha celebrado la aprobación de la norma como un avance, aunque todos los grupos lamentan que hay cosas que se quedan fuera de la ley o rechazan otras que sí se han incluido. Es el caso de la gestación subrogada como una forma de violencia y la consideración de su publicidad como ilícita, algo que ha sido reprobado por partidos como Geroa Bai o Junts, que también reclamaba dar un plazo de seis meses desde el nacimiento de los bebés para decidir el orden de los apellidos.