El presidente del Poder Judicial rechaza convocar el pleno para renovar el Constitucional hasta que los conservadores revelen sus candidatos

El presidente suplente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones, Rafael Mozo, ha rechazado convocar el pleno extraordinario que solicitaron nueve vocales conservadores para sortear la reforma del Gobierno sobre la renovación del Tribunal Constitucional, ha informado el órgano de gobierno de los jueces.

En una comunicación dirigida a los vocales, el presidente argumenta que la petición de estos consejeros, tal y como fue formulada, “no puede ser atendida” porque el reglamento del órgano “exige la aportación de todos los documentos, si los hubiere, relacionados con el orden del día del pleno”. Y añade que tampoco cumple con las “reglas de procedimiento” que el propio pleno se dio el pasado septiembre y que establecen que la solicitud de convocatoria de un pleno para hacer estas designaciones debe incluir los nombres de dos candidatos y sus currículums.

La petición de pleno extraordinario que presentaron el pasado viernes los nueve consejeros elegidos a propuesta del PP que llevan tres meses bloqueando el relevo en el tribunal de garantías no incluía los nombres de ningún aspirante. Se limitaba a instar la convocatoria "con carácter urgente" de un pleno con un único punto en el orden del día: los "nombramientos de magistrados del Tribunal Constitucional". De hecho, en tres meses de negociaciones frustradas los conservadores ni siquiera han puesto nombres de candidatos encima de la mesa, mientras cuestionan al magistrado elegido por los progresistas, el juez del Tribunal Supremo José Manuel Bandrés.

La petición de los conservadores llegó tras hacerse público que los partidos que sustentan al Gobierno promueven un cambio legal —adelantado por elDiario.es— para modificar la mayoría de tres quintos que debe sumar el CGPJ en la elección de los dos magistrados al Constitucional que le corresponden. Cuando entren en vigor las enmiendas a la reforma del Código Penal que se tramita en el Congreso bastará con mayoría simple.

Con esta reforma, el Ejecutivo pretende desactivar la estrategia del núcleo duro de vocales elegidos a propuesta del PP que ha impuesto hasta ahora su minoría de bloqueo para obstaculizar estos nombramientos. Este boicot está prolongando la mayoría conservadora en el órgano que deberá pronunciarse sobre asuntos tan sensibles como la reforma educativa, el aborto o la eutanasia.