Viernes, 16 de diciembre de 2022
El PP pide ahora suspender la votación en el Senado para dar tiempo a que el Constitucional paralice el desbloqueo del tribunal
En un nuevo intento por mantener el bloqueo de la renovación del Tribunal Constitucional, el Partido Popular ha solicitado este viernes que se suspenda la votación en el Senado de la reforma para desbloquear el órgano judicial prevista para el jueves de la semana que viene. La modificación legal ya ha pasado el filtro del Congreso de los Diputados, pero le falta su paso por la Cámara Alta para quedar finalmente aprobada. Y eso es lo que quieren evitar los conservadores.
En su escrito, el PP considera que la tramitación por la vía de urgencia de esta reforma supone un "fraude" y asegura que "no recaba los informes pertinentes" del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo Fiscal y del Consejo de Estado. El partido de Alberto Núñez Feijóo exige un debate y un "estudio profundo por respeto a todos los grupos parlamentarios y a los sectores implicados".
"Es incomprensible que una reforma tan importante para la salvaguarda de nuestro ordenamiento Constitucional, sea considerada de tal urgencia que impide su tramitación de conformidad con los plazos ordinarios. Toda decisión que afecte a elementos sustanciales del sistema de protección criminal de nuestro Estado de Derecho y ordenamiento constitucional, exige un debate", aseguran los conservadores.
Este movimiento supone un nuevo intento del PP por paralizar la reforma legal con la que el Gobierno busca reducir las mayorías para elegir a parte de los miembros del Constitucional y suprimir el requisito de verificación de los nuevos magistrados. Y, de esa forma, acabar con el bloqueo de la derecha judicial, que está propiciando que el tribunal de garantías tenga una mayoría conservadora que no se corresponde con la que salió de las urnas. El Constitucional es el órgano que, próximamente, tendrá que decidir sobre asuntos tan sensibles como el aborto, la eutanasia o la reforma educativa.
La petición del partido de Núñez Feijóo llega cuando todavía está pendiente de resolverse la otra vía que ha utilizado la formación para detener la tramitación de esta reforma: un recurso de amparo ante el propio Constitucional. Está previsto que el tribunal de garantías se reúna este lunes para abordar ese recurso, después de que este jueves aplazara su decisión y dejara vía libre a la votación del Congreso.
Lo que todavía se tiene que dirimir es una medida cautelarísima en la que no se examina con detalle el fondo del asunto, sino las consecuencias inmediatas de no hacer nada: si la situación puede ser irreversible en caso de que se paralice o no la tramitación, como piden los recursos de PP y Vox. Y todo ello, además, sin dar audiencia a las partes implicadas.
El sector progresista, actualmente en minoría de cinco contra seis, está convencido de poder defender el lunes que no se debe aplicar la paralización urgente que pide la derecha y permitir, por tanto, la votación del Senado que el PP también intenta paralizar con este escrito. Y al menos una parte del sector conservador, y mayoritario, defiende anular el procedimiento. Pero solo hay un voto de diferencia entre ambos bloques del tribunal para decidir el futuro de una reforma que afecta directamente al propio Constitucional, cuyo mandato lleva meses caducado.
El resultado de este pleno condicionará la convocatoria del pleno del Senado. Si el Constitucional suspende la tramitación de la norma de forma cautelarísima, las enmiendas analizadas tendrían que desaparecer del orden del día. A no ser que el presidente y la Mesa decidan desatender la resolución del Constitucional. Si el tribunal finalmente rechaza las medidas que proponen PP y Vox, la reforma pondrá rumbo al Boletín Oficial del Estado y los vocales del Poder Judicial tendrán en sus manos la capacidad de romper el bloqueo en la renovación del tribunal de garantías.
Unidas Podemos ha presentado ante el Tribunal Constitucional un escrito en el que pide que se suspenda el pleno que los jueces tienen previsto celebrar el lunes para analizar el recurso del PP. El grupo confederal entiende que ese recurso ha quedado sin objeto y que la formación conservadora no incluía ninguna otra petición de suspensión cautelar del trámite de ley. “Es evidente que el recurso ha quedado sin objeto y, por lo tanto, el TC no tiene nada sobre lo que decidir”, argumentan fuentes del espacio político.