El PP entrega a Vox la presidencia del Parlament balear mientras negocian el Gobierno

El Partido Popular ha cedido la presidencia del Parlament balear a Vox, según han podido confirmar fuentes populares a elDiario.es. El preacuerdo al que han llegado ambas formaciones para la constitución de la Mesa del Parlament, que mañana tiene prevista su primera sesión, otorga asimismo la vicepresidencia primera y la secretaría primera al PP.

Los conservadores necesitan los votos de Vox para investir a su candidata, Marga Prohens, como futura presidenta del Govern balear, que en las últimas dos legislaturas ha estado liderado por la socialista Francina Armengol. Sobre este extremo, los populares afirman en un comunicado que "el preacuerdo define las líneas fundamentales que inspirarán un acuerdo de investidura en el que ambos [partidos] seguirán trabajando".

PP y Vox han difundido un documento en que quedan reflejadas las "líneas fundamentales que inspirarán" el acuerdo entre ambas formaciones para conseguir un "gobierno estable". El documento no aclara si se trata de una coalición, como defiende Vox, o de un Ejecutivo en solitario, como quiere el PP. Este es, de hecho, el principal escollo que está dificultando las negociaciones entre ambos partidos, ya que Vox ha defendido siempre el modelo de Castilla y León, donde la ultraderecha tiene la vicepresidencia del Ejecutivo autonómico y la presidencia del Parlament, y el PP -hasta ahora- se ha opuesto.

El objetivo de ambos partidos, según queda reflejado en el documento, es "cambiar las políticas ejecutadas en las dos últimas legislaturas en las Islas Baleares", en referencia a los pactos de izquierdas liderados por Armengol. El objetivo de su acuerdo, según PP y Vox, es "preservar la libertad, el desarrollo económico, las mejoras de los servicios sociales y la sanidad pública, la protección de la mujer y la seguridad de los ciudadanos, con especial mención al problema de la inmigración ilegal y la persecución de las magias que la promueven y se lucran con el tráfico de seres humanos".

Entre las líneas fundamentales para formar un gobierno, PP y VOX señalan "la seguridad y las mafias de la inmigración", "dada la evolución de las llegadas de pateras a las costas de Baleares", que ha experimentado un crecimiento en los últimos años, convirtiéndose para la derecha y la ultraderecha en "una ruta migratoria consolidada".

"Se potenciará la coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante los posibles casos de inmigración ilegal, con especial atención a las mafias organizadas que la promueven, y reclamaremos al Gobierno de España la puesta en marcha de nuvos SIVE en nuestra Comunidad", reza el acuerdo.

En el acuerdo, PP y Vox evitan hablar de "violencia machista", pero aseguran que "se trabajará para erradicar de nuestra comunidad los discursos machistas, ya sean civiles o religiosos, que promuevan o justifiquen la violencia contra la mujer ". Ambos partidos afirman que "se garantizará toda asistencia, apoyo y lucha frente a la violencia contra las mujeres". También comentan que "se apoyará y asistirá a las víctimas de la violencia intrafamiliar, en especial a la que sufren las mujeres, a la que sufren los niños y a la que sufren los ancianos, así como a la creciente violencia filio parental".

PP y Vox titulan este apartado como "protección de la mujer, con especial atención a las menores tuteladas", en referencia a los casos de explotación sexual de menores que estaban bajo la tutela del Consell de Mallorca. "Se llevará a cabo una auditoría para identificar y llevar ante los tribunales a todos y cada uno de los implicados n el caso de las menores tuteladas abusadas sexualmente", dice el acuerdo.

También van a instar al Gobierno español a que "identifique a los violadores que han salido en libertad gracias a la ley del 'sí es sí', poniendo las medidas necesarias para proteger a las mujeres en el caso de que alguno de ellos pretenda trasladarse o se encuentre en nuestra Comunidad". Además, pedirán al Congreso que "exija responsabilidades políticas a quienes han colaborado en la puesta en libertad de estos agresores de mujeres" y pedirán que se derogue "de manera inmediata" la ley, "sustituyéndola por una que aumente las penas a todos los violadores, incluyendo la prisión permanente".

El preacuerdo, asimismo, sitúa a las personas "en el centro de la acción política" y, en este sentido, señala que los derechos y la dignidad "estarán siempre en el centro" de la misma, reforzando "en todo lo posible la libertad para desarrollar plenamente sus proyectos de vida".

En este apartado, el documento asevera que "se acabará con las políticas y se derogarán aquellas normativas que promueven el enfrentamiento y la división", o que "ataquen a la unidad de la nación", promoviendo "la identidad y cultura de las Illes Balears como parte esencial de la plural riqueza de España".

En esta línea, ambas formaciones se comprometen a consolidar un modelo educativo basado "en el mérito, el esfuerzo, la capacidad y el respeto a los docentes", generador de "oportunidades" y "libre de adoctrinamiento ideológico", una de las promesas que Jorge Campos había anunciado antes de las elecciones autonómicas. Asimismo, establece que los padres podrán elegir libremente el centro escolar para sus hijos así como la primera lengua, al tiempo que garantiza la voluntariedad de las actividades extraescolares.

Respecto a uno de los aspectos contra los que se ha mostrado más beligerante la formación ultraderechista, la normalización lingüística implantada por ley en 1986 en las islas, el preacuerdo señala que se modificarán las normas que "supongan una imposición lingüística" -como ha denunciado Vox en numerosas ocasiones-, "asumiendo que en la comunidad existen dos lenguas oficiales".

El documento incluye un punto relativo a la promoción del comercio, la industria, el sector primario y el turismo, para los cuales PP y Vox establecen que crearán el marco necesario de cara a su promoción "como principal motor económico de nuestra Comunidad". Para ello, se comprometen a incentivar la actividad empresarial, impulsando ayudas para apoyar a las empresas y autónomos y reduciendo las tasas autonómicas que, a su juicio, "impiden el crecimiento y desarrollo" del tejido empresarial de Balears.

Del mismo modo, conservadores y ultraderechistas aseguran que protegerán a los productores ante la competencia desleal de terceros países, acometerán una rebaja sustancial de impuestos y una reducción "contundente" del gasto político "ineficiente", todo ello, aseveran, "con el objetivo de que el tejido empresarial pueda crear empleos estables y de calidad".

En cuanto a los servicios sociales y la sanidad pública, PP y Vox aluden a un supuesto incremento de las desigualdades y la brecha social en los últimos años, motivo por el que consideran que el papel de las políticas sociales "debe centrarse en la atención y la protección de aquellos colectivos vulnerables, como niños y adolescentes, mayores, dependientes, personas con discapacidad, con trastorno de salud mental -con especial atención a la prevención de los suicidios- o personas en riesgo de exclusión social". También ponen el foco en el refuerzo y el apoyo a las familias, facilitando la conciliación.

Los dos partidos prometen hacer los servicios sociales "más ágiles y flexibles", facilitando los trámites administrativos y la atención personalizada. "La familia es la institución que más soporta las cargas sociales, por lo que se le debe una especial atención en toda la acción de gobierno".

Respecto a la sanidad, el preacuerdo señala que se acometerán las reformas necesarias en el sistema público de salud "con el fin de aumentar la calidad en la prestación de los servicios", reduciendo, aseguran, las listas de espera, atrayendo y fidelizando "a los mejores profesionales sanitarios" y levantando lo que consideran "trabas" como el requisito del catalán en la sanidad.