El pacto de PP y Vox en Extremadura: borrado de la violencia machista, veto parental en las aulas, nucleares y toros

El acuerdo de Gobierno entre PP y Vox para Extremadura contempla 60 medidas, pero es más elocuente por lo que invisibiliza: la violencia machista. La que hasta hace unos días era una línea roja para la líder popular, María Guardiola, ha quedado borrada. En el pacto no existe la violencia machista. Además, el documento detalla líneas de gobierno similares a las alcanzadas en la Comunidad Valenciana o las Islas Baleares.

Entre otras, las rebajas de impuestos, defensa de la unidad de España, promoción de la tauromaquia, derogación de las leyes de Memoria Democrática y la posibilidad de introducir en las aulas un veto parental. En el caso extremeño, además, el acuerdo contempla una apuesta por la energía nuclear. También se abre la puerta a una oficina antiokupación.

La violencia machista o de género no se recoge en el pacto de gobernabilidad, y así lo ha admitido la candidata del PP María Guardiola, durante la presentación del texto. "Trabajaremos para erradicar de nuestra comunidad los discursos machistas, ya sean en el ámbito civil o religioso, que promuevan o justifiquen la violencia contra la mujer" se expone en un punto que se inicia con la defensa de "los derechos de las familias".

No obstante, en este apartado también hay una cesión de la formación de Santiago Abascal porque en la propuesta que intercambió con el PP el 19 de junio, un día antes de la constitución de la Asamblea de Extremadura, se hacía mención a la "violencia intrafamiliar", como en otros acuerdos con lo que Vox ha alcanzado con el PP en España.

"En los 100 primeros días de gobierno (...) reduciremos el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y el Impuesto de Matriculación. Asimismo, suprimiremos al 100% el Impuesto sobre el Patrimonio y eliminaremos el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones para la mayoría de contribuyentes", reza el punto dos del acuerdo, para exigir luego, en el punto 50, un plan de inversiones "exigentes".

Tras el resultado electoral, y a pesar que aún Guardiola y Vox no habían iniciado la negociación, aunque sí los reproches, la candidata del PP aseguró que ya había elaborado el decreto-ley de medidas fiscales, que recoge esta bajada de impuestos y que entra de lleno en la práctica de dumping fiscal entre comunidades autónomas. De hecho, en el acuerdo final se recoge que el objetivo es hacer Extremadura "atractiva y competitiva fiscalmente frente a otras regiones".

Al mismo tiempo que la rebaja de impuestos supondrá una merma para las arcas públicas, PP y Vox se comprometen a exigir al Gobierno un plan de inversiones que garantice "el desarrollo social y económico, sobre todo en materia ferroviaria". En concreto, reivindicarán plazos de ejecución del AVE, autovías "y el resto de infraestructuras comprometidas".

La derecha y la ultraderecha también se han puesto de acuerdo para instaurar en los centros escolares de Extremadura el veto parental. Era una medida que se daba por hecho porque en los acuerdos programáticos que se intercambiaron antes de romper la negociación la semana pasada ambas partes lo recogían. El acuerdo final está redactado en los siguientes términos: "Garantizaremos la neutralidad ideológica de la enseñanza en Extremadura (...) y aseguraremos el derecho constitucional que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación que esté de acuerdo con sus convicciones".

La puesta en marcha es una exigencia de Vox que asume el PP pero el partido ultra ha rebajado su exigencia. Hace casi dos semanas también reclamaba en este apartado que ningún “lobby ideológico de orientación sexual” participe en las sesiones escolares.

Por otro lado, el nuevo Gobierno de coalición derogará la Ley de Memoria Histórica de Extremadura, que es del año 2018 y que aún el PSOE no había desarollado en su totalidad. PP y Vox lo incluyen en su pacto, en concreto en el apartado dedicado a la 'Libertad, desarrollo social y económico'. Ambos partidos consideran que se trata de una ley que "divide en bandos", propicia la ruptura del pacto constitucional y trata de "moldear la historia para imponer una memoria parcial y sesgada". Y en este sentido, el futuro Ejecutivo tratará de sacar adelante una ley que sirva "a la reconciliación y a la concordia real", sostienen.