El grupo húngaro Ganz Mavag retira la opa sobre Talgo tras el veto del Gobierno

Magyar Vagon recurrirá ante el Supremo y pedirá "todos los daños y perjuicios" tras retirar su opa, aunque no descarta volver a presentar una oferta por el 100% del fabricante de trenes

Bruselas avala el veto del Gobierno a la opa húngara sobre Talgo

El grupo húngaro Ganz Mavag (Magyar Vagon) ha retirado la opa que había lanzado, por 620 millones de euros, para controlar el 100% del constructor de trenes Talgo, después de que el martes el Gobierno vetara su oferta y tras el aval de Bruselas a esa decisión de España. Según fuentes próximas al grupo húngaro consultadas por EFE, la decisión se ha adoptado en la reunión mantenida este jueves en Budapest por el consejo de administración del consorcio.

Este viernes, el grupo ha remitido una nota a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en la que, a requerimiento del regulador, confirma el veto y señala que “tiene intención de iniciar todas las acciones legales a su alcance, tanto a nivel nacional como en el seno de la Unión Europea” para oponerse a la decisión del Consejo de Ministros, que considera “no ajustada a derecho”.

En particular, prevé recurrir en primera instancia ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, para lo que cuenta con dos meses, “instando su nulidad y la indemnización de todos los daños y perjuicios causados”. También estudia acudir a “los órganos competentes de la Unión Europea”.

Ganz-Mavag indica que el veto “carece de la más mínima motivación y produce al Oferente la más absoluta indefensa” e insiste en que su oferta “cumple con todos los requisitos legales”.

No descarta presentar otra oferta a futuro

Ganz Mavag ha acordado así retirar su opa y mantener una estrategia judicial contra la decisión del Gobierno español, y no desiste de presentar otra oferta a futuro para hacerse con Talgo.

El consorcio “sigue pensando que la oferta presentada por Ganz-Mavag era atractiva para los accionistas de Talgo (a los que se está privando ilegítimamente de dicha posibilidad) y en el mejor interés de la compañía y todos sus grupos de interés, tal y como confirmó expresamente el Consejo de Administración de Talgo, por lo que, en función de la evolución de las circunstancias, el Oferente podrá considerar, en su caso, volver a presentar una oferta para la adquisición del 100% de Talgo”.

El Gobierno español vetó el pasado martes la entrada del grupo húngaro en Talgo, al considerar que existían intereses estratégicos y razones de seguridad nacional “insalvables”, amparándose en informes secretos que advertirían del riesgo de una operación tras la que planea la sombra de Rusia. Ahora Talgo queda en situación comprometida, sin capacidad industrial para hacer frente a la avalancha de pedidos, expuesta a sanciones millonarias por el retraso en las entregas, y con un núcleo de accionistas (el fondo Trilantic y las familias Oriol y Abelló) deseoso de vender su 40%.

El Consejo de Ministros, en su primera reunión tras la vuelta de vacaciones, ratificó la posición de la Junta de Inversiones Exteriores (órgano multiministerial liderado por el Ministerio de Economía) en contra de la opa por esas razones “insalvables” de seguridad nacional, que el Gobierno no ha desvelado porque ha decidido declarar clasificada la información de este caso.

Por su parte, el consorcio húngaro anunció que recurriría en todas las instancias posibles la decisión, tanto en España como en Bruselas, según indicaron a EFE fuentes del grupo.

No obstante, el Ejecutivo español dice sentirse respaldado por Bruselas en su veto a la opa del consorcio público privado húngaro, al haber manifestado este jueves la Comisión Europea (CE) que es una decisión que corresponde a España y no es necesario que se la comunique al Ejecutivo comunitario.

“La prerrogativa de estas decisiones es de los Estados miembros. No tenemos ningún comentario específico”, ha dicho la portavoz comunitaria Francesca Dalboni en la rueda de prensa de la Comisión.

Dalboni ha recordado que la legislación europea permite a los Estados miembros “restringir” la libre circulación en la Unión Europea (UE) sobre la base de motivos de seguridad pública, aunque las medidas adoptadas deben ser “justificadas y proporcionadas”. EFE