Un acuerdo alcanzado este martes entre EH Bildu y los partidos del Gobierno permitirá la aprobación definitiva de la nueva Ley de Memoria Democrática que se encuentra en tramitación parlamentaria en las próximas semanas. Este pacto posibilitará que el Congreso dé luz verde a la ley tanto en comisión como en el Pleno sin la necesidad del apoyo de ERC, que sigue mostrándose reticente a apoyar la nueva norma. El Gobierno contaría así con los votos de PSOE, Unidas Podemos, EH Bildu, PNV, PDeCAT y Más País que, ante una probable abstención de Ciudadanos, serían suficientes para sacarla adelante.

La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha explicado algunos de los acuerdos alcanzados con el Gobierno. La más relevante es que la nueva norma declarará «de manera explícita la ilegalidad de los tribunales franquistas y la nulidad de todas sus condenas», una exigencia de los grupos independentistas. Además, contempla la aplicación de la ley más allá de 1978 y, en concreto, hasta 1983, con el objetivo de perseguir vulneraciones de derechos humanos ocurridos ya en democracia por parte de los cuerpos policiales.

EH Bildu y el Gobierno han acordado también constituir una Comisión independiente con la finalidad de contribuir al esclarecimiento de las violaciones de derechos humanos durante la dictadura. Aizpurua ha asegurado que su grupo ha conseguido «el compromiso del Gobierno para adecuar el Fuerte de San Cristóbal», situado en Navarra, «como lugar de Memoria», así como la «adhesión del Palacio de la Cumbre» de San Sebastián al ayuntamiento de la ciudad. Se trata de la que fue la residencia del gobernador civil de Gipuzkoa y el lugar donde torturaron a Lasa y Zabala.

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, también ha asegurado que el Gobierno ha aceptado sus enmiendas para la ley de memoria por lo que el texto también contará con el apoyo de su grupo, además de otros como el PDeCAT y Más País. Entre las correcciones aportadas por los nacionalistas vascos está el acceso a los archivos de la Guerra Civil y la dictadura.

La nueva ley de memoria se encuentra en estos momentos debatiéndose en ponencia en el Congreso, si bien el Gobierno confía en que esa norma sea aprobada de forma definitiva en un pleno extraordinario de la Cámara Baja el próximo mes de julio.

El Ejecutivo confía en que el texto vea luz verde con el apoyo de los socios de la coalición del gobierno y en base a la enmienda pactada en noviembre por Unidas Podemos y el PSOE. Respecto a las reticencias de ERC, que reclama la nulidad de la Ley de Amnistía, el Gobierno ha reconocido que, pese a las «discrepancias», las fuerzas del Ejecutivo están abiertas a aceptar enmiendas del grupo republicano para «reforzar» la declaración de ilegalidad del régimen franquista.

La comisión se reunirá, previsiblemente, el día 4 de julio, con la idea de aprobar el dictamen antes de enviarlo al Pleno.

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