El Gobierno presenta un Presupuesto expansivo para paliar las consecuencias de la guerra en Ucrania
Los Presupuestos Generales del Estado para 2023 ya están en el Congreso. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha registrado este jueves en la Cámara Baja el famoso Libro Amarillo, que incluye el detalle de las cuentas públicas para el curso que viene, las últimas del Gobierno de coalición. Montero ha presentado sus cuentas en rueda de prensa como un método para "paliar las consecuencias de la guerra" en Ucrania. El nuevo presupuesto lleva aparejado un récord de gasto social y con nuevos incrementos en las inversiones.
"Los servicios públicos son garantía de justicia, tractores de crecimiento económico", ha asegurado Montero. Para 2023, ha explicado, se logrará un aumento de renta disponible del 21% adicional sin contabilizar las pensiones. "No solo se trata de cohesión por niveles de renta, también intergeneracional", ha añadido. En este sentido, ha destacado el aumento de las pensiones ligada a la situación de precios que se vive durante los últimos meses. La partida de pensiones se incrementa un 11,4%.
"No puede haber economía equilibrada si se aumenta la desigualdad", ha asegurado Montero, quien ha querido comparar la salida de la crisis sanitaria y de inflación con la que se produjo en 2008 con la crisis financiera. También se ha opuesto al "modelo de otros países", en referencia velada a Reino Unido, "o al de determinados partidos", en alusión a la oposición. "Tenemos claro que hay que perseguir un reparto justo de las consecuencias de la guerra", ha apuntado, añadiendo que "quienes tienen más tienen que tener un plus de responsabilidad". "No lo digo yo, lo marca la Constitución", ha enfatizado.
El Ejecutivo ya había avanzado esta misma semana tras el Consejo de Ministros los principales números de los Presupuestos. Se trata de unas cuentas que fijan un nuevo récord de gasto social, de 266.700 millones de euros. Son 26.000 millones más, impulsados principalmente por el aumento del gasto en pensiones. El Gobierno ha avanzado que la subida para las contributivas y las no contributivas rondará el 8,5%, en línea con el aumento del IPC.
Además, el Gobierno ha avanzado ya el aumento en todas las partidas de gasto salvo en dos. Cae el dinero destinado a desempleo, debido a que se prevé que durante el próximo año el paro siga cayendo a medida que la economía sigue creciendo. Con ello, se apunta también a una reducción de las aportaciones del estado en los mecanismos de liquidez autonómica.
Por el lado de los ingresos, entra en vigor el paquete fiscal anunciado por el Ejecutivo, que contemplará rebajas en el IRPF para las rentas más bajas o el nuevo impuesto para las grandes fortunas. La recaudación tributaria prevé un aumento del 7,7% frente a a la liquidación prevista para este curso, lo que supone unos 18.700 millones de euros.
Se consolidan medidas aprobadas para este año y a lo largo de este ejercicio. Es el caso del bono alquiler, con un presupuesto de 200 millones de euros más. También las bonificaciones en el transporte, con 660 millones de transferencia para Renfe para que se mantengan las bonificaciones y la gratuidad de los abonos el próximo año en Cercanías y media distancia. El resto de decisiones incluidas en los reales decretos por la crisis de Ucrania se revisarán cuando venzan los que están en vigor, a finales de año, antes de decidir si se mantienen. Es por ello que en los Presupuestos no se contemplan.
El Gobierno ha presentado unas cuentas con una previsión de crecimiento del 2,1% para el próximo curso, si bien distintos organismos como el Banco de España han rebajado esta expectativa. Según la última previsión planteada por el supervisor, la economía española crecerá un 1,4%, siete décimas menos que lo que tienen anotado los presupuestos.