El Gobierno da por buena la respuesta de Castilla y León al requerimiento pero advierte de que actuará si insiste en el plan antiaborto
El Gobierno da por válida la respuesta formal del Ejecutivo de Castilla y León al requerimiento oficial remitido por Moncloa y en el que se exigían explicaciones sobre las medidas antiabortistas anunciadas por un posible caso de invasión de competencias. En un comunicado oficial, la Secretaría de Estado de Comunicación afirma que el "Gobierno considera que el Ejecutivo autonómico ha acatado formalmente el requerimiento realizado por haberse abstenido esa comunidad autónoma de adoptar y aplicar, o por haber dejado sin efecto, aquellas actuaciones materiales, protocolos, acuerdos, instrumentos o comunicaciones que, invadiendo las competencias estatales, incumplieran la normativa estatal y menoscabaran los derechos de las mujeres protegidos por nuestro ordenamiento jurídico".
En ese mismo comunicado Moncloa afirma haber recibido de parte del Gobierno de Castilla y León un "escrito de acatamiento formal" que, en opinión del Gobierno, "supone una rectificación oficial de la intención inicialmente manifestada por el gobierno de Castilla y León de proceder según lo anunciado el pasado 12 de enero y reiterado en días posteriores".
Sin embargo, el Ejecutivo central reconoce "su preocupación por los anuncios y declaraciones de los máximos responsables de la Junta de Castilla y León", en referencia a las palabras del portavoz del Ejecutivo autonómico en las que aseguraba que la Junta no renunciaba a sus planes. "El gobierno autonómico de Castilla y León mantiene su intención de ir más allá de lo que establece la ley orgánica de 2010, en evidente contradicción con el contenido de la documentación oficial remitida, (...) circunstancia que en modo alguno el Gobierno de España va a tolerar ni consentir".
Por ese motivo, Moncloa advierte de que el siguiente paso será remitir un nuevo escrito, esta vez por parte del ministerio de la Presidencia y dirigido al Consejero de Presidencia de la Junta de Castilla y León, en el que "se le recordará nuevamente que resulta contrario a la legalidad vigente y a nuestro orden constitucional de distribución de competencias que una comunidad autónoma adopte cualquier medida encaminada a obligar, indicar, ofrecer, recomendar o sugerir a la mujer embarazada que ha decidido libremente interrumpir su embarazo o no haya manifestado expresamente su intención de llevar este a término, la utilización de cualquier tipo de prueba ecográfica fuera de las indicaciones avaladas por la evidencia científica y recogidas en las guías de práctica clínica".
A pesar de dar por válida la respuesta oficial del Ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco, el Gobierno central avisa que si en adelante "el Gobierno de Castilla y León materializa, por cualquier vía, su intención de actuar al margen del actual marco normativo en materia de interrupción voluntaria del embarazo, el Gobierno de España actuará, como hasta la fecha, en defensa de sus propias competencias y del ejercicio pleno de los derechos y libertades de todas las mujeres castellanoleonesas". Por esa razón, el comunicado concluye recordando que el Gobierno "se reserva la posibilidad de emprender cuantas acciones legales resulten oportunas" en el futuro.