El Gobierno da el paso previo a llevar a la Junta de Castilla y León al Constitucional si aprueba el plan contra el aborto
El Gobierno da un paso más en su intento por frenar la hoja de ruta antiabortista de la ultraderecha en Castilla y León. Tras considerar insuficientes las explicaciones del presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, y a falta de que la Junta comunique por escrito que desiste de desarrollar los planes anunciados por el vicepresidente de Vox, Juan García-Gallardo, el Consejo de Ministros aprueba hoy un requerimiento para declarar incompetente a la Junta de Castilla y León en relación a sus medidas antiabortistas, según ha informado la Secretaría de Estado de Comunicación en un comunicado.
La iniciativa del Ejecutivo central supone ir un paso más allá del requerimiento enviado el domingo y que desembocaría en la vía jurídica de lo contencioso-administrativo. En este caso, el Consejo de Ministros se dispone a dar el paso previo para que el Tribunal Constitucional se acabe pronunciando sobre una posible invasión de competencias del gobierno autonómico a una ley, la de interrupción voluntaria del embarazo, de rango estatal.
En la nota emitida desde Moncloa indican que se va a declarar esa incompetencia contra aquellas actuaciones que “vulneren o menoscaben” la Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, así como el Real Decreto 825/2010, de 25 de junio, de desarrollo parcial de la anterior. La acción se produce en medio de la polémica por las medidas contra el aborto del Ejecutivo regional, entre las que se encuentra el uso de ecografías 4D o el hacer a la madre escuchar el latido fetal. Según ha indicado Moncloa La Junta castellano y leonesa tiene un mes para contestar.
La vía abierta este martes supone un salto cualitativo para que el recién renovado Tribunal Constitucional se acabe pronunciando respecto a un posible conflicto de competencias. El Gobierno central sostiene que la Junta de Castilla y León se ha extralimitado por invadir preceptos ya regulados en la ley estatal de interrupción voluntaria del embarazo.
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha afirmado este martes que el Gobierno está trabajando “todas las opciones posibles, porque no vamos a permitir ningún retroceso en los derechos de las mujeres”. Bolaños ha exigido al ejecutivo autonómico que “cese inmediatamente en cualquier retroceso en los derechos de las mujeres" y ha afirmado que, en opinión del Gobierno central, “se están extralimitando en las competencias”. “En el caso de que no den una cumplida y satisfactoria respuesta, vamos a iniciar acciones ante el Constitucional en defensa de los derechos de las mujeres”, ha añadido.