El Gobierno cierra con ERC y Bildu un acuerdo para aprobar ya la ley de vivienda
Tras muchos meses de bloqueo en las negociaciones sobre una norma discutida en el seno del Gobierno durante toda la legislatura y aprobada en Consejo de Ministros hace ya un año y medio, el Ejecutivo de coalición ha conseguido por fin desbloquear las conversaciones con los socios del Congreso para garantizar el respaldo parlamentario de la ley de vivienda. En las últimas horas, tanto ERC como EH Bildu han dado su aprobación definitiva a un texto que incluirá limitaciones de precios al alquiler en zonas tensionadas. El portavoz adjunto de EH Bildu en el Congreso, Oskar Matute, y la diputada de ERC Pilar Vallugera comparecerán a las 11.45 para dar los detalles.
Tras el choque frontal entre el PSOE y Unidas Podemos a cuenta de la reforma del solo sí es sí, la orden política del presidente Pedro Sánchez a su Ejecutivo fue desbloquear cuanto antes las negociaciones sobre vivienda para poder darle un impulso definitivo a la ley y mandar un mensaje de que el Gobierno de coalición sigue en buena forma legislativa en plena antesala de la campaña electoral de mayo. Esa directriz se concretó incluso en un encuentro antes de Semana Santa entre el propio Sánchez y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.
Desde entonces, las negociaciones entre el ministerio de Transportes (competente en materia de vivienda) y socios parlamentarios como ERC y EH Bildu se intensificaron hasta el punto de dejar prácticamente cerrado el acuerdo definitivo durante esta última semana.
Sobre la mesa los escollos a salvar han sido fundamentalmente dos: convertir en estructural la limitación de precios al alquiler que se aplica coyunturalmente como parte del escudo social desplegado por las consecuencias de la guerra y la pandemia (fijado en esos casos por decreto en subidas máximas del 2%) e incluir también la regulación de los nuevos inmuebles que salen por primera vez al mercado.
Según todas las fuentes consultadas, este jueves se cerraron definitivamente los últimos flecos del acuerdo en ambos apartados y tanto ERC como EH Bildu acabaron garantizando su apoyo definitivo en el Congreso a una norma que ahora pasará el trámite de la ponencia de manera inmediata.
Aunque la ley que salió del Consejo de Ministros establece un marco regulatorio a nivel estatal, las competencias de vivienda pertenecen a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos y son esas instituciones las que deberán decidir, una vez aprobada la norma, si deciden aplicar los topes al alquiler que ampararía el texto. Es por esta circunstancia que los partidos progresistas están especialmente interesados en que la norma quede aprobada antes de la campaña, para poder exhibir en los actos electorales de aquí a mayo el que sería uno de los principales hitos del Gobierno.
La espiral inflacionista del último año llevó a poner en marcha el tope de los alquileres, que muchos caseros se están saltando con la amenaza de querer recuperar el piso para familiares directos. También, que ligar la revisión de rentas y de alquileres al IPC –como recoge la legislación actual– daña a los inquilinos. “Evidentemente, cómo regulamos las actualizaciones ante las subidas en los precios de los alquileres IPC es una de las cuestiones que se están trabajando”, reconoció Raquel Sánchez la pasada semana.
Tras descartarse por parte del ministerio de Economía limitaciones fijas en las revisiones de contratos de alquiler (Unidas Podemos proponía un límite del 3%), la propuesta trabajada en los últimos días consiste en perfilar un índice alternativo al IPC que pueda quedar protegido de los vaivenes inflacionistas de la economía y condene a los inquilinos a revisiones abusivas de sus contratos.
La idea es que ese índice se perfile en los próximos meses de la mano del propio ministerio de Transportes y de las Comunidades Autónomas y que, mientras tanto, sí puedan regir limitaciones de precios concretas partiendo de manera temporal de ese 3%.