El Congreso obliga a los grupos a hacer un registro de todas las visitas tras el caso Mediador
El Congreso ha establecido un nuevo procedimiento para la comunicación de las visitas “ajenas a la Cámara” y a partir de ahora esas personas deberán registrarse en una hoja de cálculo en la que deberá figurar el nombre completo, el número de documento y las observaciones pertinentes. La Cámara Baja ha comunicado el cambio este martes después de las informaciones que han ido trascendiendo sobre el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes, involucrado en el caso Mediador.
En una nota remitida a todos los diputados y trabajadores, el Congreso explica el cambio de procedimiento para comunicar “los datos de personas ajenas a la Cámara” que deseen acceder a las instalaciones parlamentarias y que entrará en vigor a partir de este miércoles, 1 de enero. “Se ruega que cuando se realicen solicitudes en este sentido, dichos datos se incorporen en el documento Excel que se adjunta, respetando las celdas en el modo establecido, y que se comunique a la Comisaría Especial a través de correo electrónico por parte de los diputados, grupos parlamentarios, o personal del Congreso de los Diputados que corresponda. Muchas gracias por su colaboración”, explica el comunicado.
La Cámara Baja ha tomado esta decisión tras las informaciones que han ido trascendiendo sobre el caso Mediador que involucran al exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes, así como al general de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas y el empresario canario Antonio Navarro Tacoronte (el mediador, según un informe de la Policía Nacional), aunque fuentes de la institución rechazan que tenga que ver con este asunto y trasladan que se trata de una petición de la Comisaría de hace meses.
Según el sumario del caso, al que tuvo acceso Europa Press, los implicados pedían un “peaje económico” de 5.000 euros a los empresarios a los que captaba bajo la promesa de “obtener privilegios” en materia de contratación pública, se reunían con ellos en el Congreso de los Diputados y en la sede de la Guardia Civil en Madrid para aparentar “seriedad” y acababan en “grandes fiestas” en clubes y hoteles con una media de gasto de unos 3.000 euros.
En un informe de la causa, la Fiscalía habla de “la existencia de una trama formada por autoridades, altos cargos públicos y otras personas intermedias de aquellas que ofrecían a distintos empresarios la posibilidad de obtener privilegios en el ámbito de la contratación pública u otras manifestaciones o beneficios derivados del sector público a cambio del pago de regalos, dádivas, entregas de dinero u otros obsequios”.