Discriminación al colectivo trans, trabas a la eutanasia y marginación del catalán: el pacto de gobierno de PP y Vox en Balears

PP y Vox han llegado este miércoles a un acuerdo para investir a Marga Prohens como presidenta del Govern balear a cambio de la participación de Vox en los consells insulars de Mallorca y Menorca -con carteras aún por definir- y del cumplimento de 110 medidas programáticas. En el documento firmado este miércoles, al que ha tenido acceso elDiario.es, el PP asume gran parte del ideario político de la extrema derecha como peaje para gobernar en solitario las Islas.

PP y Vox buscan "dotar a las Islas Baleares de un gobierno estable y fuerte que defienda los intereses de los ciudadanos" y, para ello, ponen su foco en aspectos como "la protección de la mujer" -en el documento no se habla en ningún momento de la violencia machista- y "la seguridad de los ciudadanos de Baleares, con especial atención al problema de la inmigración ilegal y la persecución de las mafias".

El documento habla de "defender la unidad de España", al tiempo que reconocen "la pluralidad y diversidad de todos los pueblos que la conforman", aunque apostillan: "Acabaremos con las políticas y se derogarán aquellas normativas que promueven el enfrentamiento y la división, o que ataquen a la unidad de la nación, promoviendo la identidad y cultura, así como las peculiaridades lingüísticas de las Islas Baleares como parte esencial de la plural riqueza de España".

Ambas formaciones han acordado "garantizar la memoria entendida como elemento integrador para la reconciliación, combatiendo cualquier intento de quienes tratan de utilizarla para dividir a los españoles", en lo que podría ser interpretado como un ataque hacia la memoria histórica, malentendida por Vox como un intento de "dividir a los españoles", en vez de una herramienta para reparar las heridas de la dictadura franquista y la Guerra Civil.

Uno de los principales campos de batalla de Vox ha sido cambiar el modelo de inmersión lingüística en catalán, pensado para garantizar que todos los estudiantes conocen la lengua propia del archipiélago, que se encuentra en retroceso en comparación con el castellano. El acuerdo entre PP y Vox prevé lo siguiente: "En el ámbito educativo, los padres podrán elegir libremente el centro escolar para sus hijos, así como la primera lengua de escolarización. Nos comprometemos a extender este derecho en todas las etapas educativas antes de acabar la legislatura, sin excluir ninguna de las lenguas cooficiales".

"Modificaremos las normas que supongan una imposición lingüística -sigue el acuerdo-, asumiendo que en la comunidad existen dos lenguas oficiales. Se hará el desarrollo normativo correspondiente para garantizar que el desconocimiento del catalán no penalice en el acceso a la función pública". Este último punto puede referirse a los requisitos de acreditar el idioma catalán para conseguir un puesto de trabajo en la administración balear, como sucede en la sanidad pública.

También van a modificar la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma, así como todas aquellas normas de rango inferior "que impiden el bilingüismo y la libertad de opción de lengua en los trámites y comunicaciones de la administración". "Garantizaremos el derecho a que cualquier ciudadano pueda dirigirse a la Administración Pública en cualquiera de las dos lenguas oficiales y sea contestado en la lengua que desee", aseguran.

Además, PP y Vox aseguran un "modelo educativo (...) libre de adoctrinamiento ideológico" en Balears, sin especificar qué entienden por adoctrinamiento, por lo que podrían atacar desde las políticas educativas feministas, a favor del colectivo LGTBI o de la memoria histórica. En esta línea, abren la puerta al polémico pin parental: "Reforzaremos la inspección educativa para preservar la calidad de la enseñanza y la ausencia de intromisiones ideológicas. Además, implementaremos los mecanismos necesarios para garantizar el conocimiento y la aprobación previa de materias extracurriculares, así como su voluntariedad".

Las dos formaciones suspenderán la actual aplicación de la LOMLOE -van a optar por "recuperar las notas numéricas en base al criterio profesional y pedagógico del docente- y aprovechan para regar con dinero público a los centros concertados: "Garantizaremos los recursos necesarios de todos los centros financiados con fondos públicos, sean de la red pública o de la red concertada, para asegurar a las familias una oferta educativa variada en cuanto a proyectos educativos. Los centros de educación concertada no sufrirán discriminación alguna respecto a los centros público".

PP y Vox eliminarán la Oficina de Defensa de los Derechos Lingüísticos, pensada para defender a los catalanoparlantes en situaciones de discriminación. Para ellos, el ente "ha servido como instrumento de la exclusión del castellano y la imposición lingüística" y, por ello, crearán una Oficina de Garantía de la Libertad Lingüística "para defender la libertad de uso y opción lingüística y fomentar la protección tanto del castellano como del catalán y las modalidades lingüísticas de las distintas islas".

Los dos partidos quieren "reivindicar la familia como célula básica de la sociedad" y, para ello, prevén, entre otras acciones, aprobar "una ley integral de protección a la familia que incluya medidas para el fomento de la natalidad con ayudas al nacimiento, adopción y acogida, así como a gastos esenciales como el comedor escolar, transporte, material o actividades extraescolares". También incluyen en este apartado, llamado 'políticas sociales y familia', la voluntad de desarrollar una ley para "asegurar una asistencia sanitaria digna y el acompañamiento familiar, médico y espiritual de los enfermos, para defender la cultura de la vida frente a la eutanasia, como única salida al dolor".

Otro de los objetivos de PP y Vox es la derogación de la Ley 4/2023, conocida como Ley Trans, y modificar la ley autonómica "para garantizar que las mujeres estén y se sientan protegidas en espacios de intimidad, como vestuarios o baños, así como en el ámbito del deporte". Y añaden: "En el acceso a la función pública, con especial atención a los puestos donde se priman las condiciones físicas, así como en los deportes, se vigilará que ninguna mujer sufra discriminación alguna. El Gobierno se personará en las causas judiciales en defensa de las federaciones deportivas y las mujeres frente a los perjuicios causados por la conocida como ley trans".

"Se garantizará toda la asistencia, apoyo y lucha frente a la violencia contra las mujeres, trabajando también en la prevención, identificando las causas y los perfiles repetidos de los agresores", comentan en el pacto, que en ningún momento utiliza la expresión "violencia machista". También comentan: "Se trabajará para erradicar de nuestra comunidad los discursos machistas, ya sean civiles o religiosos, que promuevan o justifiquen la violencia contra la mujer. Se apoyará y asistirá a las víctimas de violencia intrafamiliar, en especial a la que sufren las mujeres, a la que sufren los niños y a la que sufren los ancianos, así como la creciente violencia filio parental".

Entre otras medidas, PP y Vox quieren "identificar a los violadores que han salido en libertad gracias a la ley del sí es sí, poniendo las medidas necesarias para proteger a las mujeres en el caso de que alguno de ellos pretenda trasladarse o se encuentre en nuestra comunidad", y pedir al Congreso de los Diputados que "exija responsabilidades políticas a quienes han colaborado en la puesta en libertad de estos agresores de mujeres". Igualmente, se pedirá la derogación inmediata de esa Ley, "sustituyéndola por una que aumente las penas a todos los violadores, incluyendo la prisión permanente".

"Se llevará a cabo una auditoría para identificar y llevar ante los tribunales a todos y cada uno de los implicados en el caso de las menores tuteladas abusadas sexualmente", continúa el artículo, en referencia a las jóvenes tuteladas por el Consell de Mallorca que sufrieron abusos sexuales. En relación a los menores, prevén aprobar una nueva Ley de Infancia que incluya diferentes puntos, como "medidas de apoyo, información y protección de la mujer embarazada, especialmente en situaciones de vulnerabilidad".