Bruselas quiere que se congelen fondos europeos por el asalto al Estado de Derecho en Hungría. La Comisión Europea ha propuesto este domingo a los Gobiernos de la UE medidas de protección presupuestaria en virtud del mecanismo de condicionalidad para garantizar la protección del presupuesto de la UE y los intereses financieros de la UE contra las violaciones de los principios del Estado de derecho en Hungría.

El comisario europeo Johannes Hahn, a cargo de Presupuesto y Administración ha dicho: «La decisión de hoy es una clara demostración de la determinación de la Comisión Europea de proteger el presupuesto de la UE y utilizar todas las herramientas a nuestra disposición para garantizar este importante objetivo».

Este paso llega después de las negociaciones entre la Comisión y las autoridades húngaras en los últimos meses, «que ha dado lugar a que Hungría proponga una serie de medidas correctoras para abordar las preocupaciones identificadas por la Comisión cuando se lanzó formalmente el proceso el 27 de abril de este año», afirma Bruselas: «Viene después de la carta que la Comisión envió a Hungría, en la que se describen las medidas que pretendía proponer al Consejo, y las medidas correctoras presentadas por Hungría en la carta del 22 de agosto, complementadas con aclaraciones adicionales en una carta del 13 de septiembre».

«La Comisión ha evaluado minuciosamente la respuesta húngara, analizando en particular si las medidas correctoras abordan adecuadamente las conclusiones iniciales de la Comisión. Para que las medidas se consideren adecuadas, deberán poner fin a las infracciones de los principios del Estado de Derecho y a los riesgos que crean para el presupuesto de la UE y los intereses financieros de la Unión», afirma Bruselas: «La conclusión de la Comisión es que las medidas correctivas propuestas podrían, en principio, abordar los problemas en cuestión, si se detallan correctamente en las leyes y normas pertinentes y se implementan en consecuencia».

«En espera del cumplimiento de los pasos clave de ejecución, la Comisión considera que en esta fase sigue existiendo un riesgo para el presupuesto», dice el Ejecutivo comunitario, que propone: «La suspensión del 65 % de los compromisos de tres programas operativos en el marco de la política de cohesión; la prohibición de contraer compromisos jurídicos con los fideicomisos de interés público para programas implementados en gestión directa e indirecta.

El Consejo tiene ahora un mes para decidir si adopta tales medidas, por mayoría cualificada. Este plazo podrá prorrogarse por un máximo de dos meses más en circunstancias excepcionales.

Mientras tanto, la Comisión seguirá de cerca la situación y mantendrá informado al Consejo de cualquier elemento relevante que pueda tener un efecto en su evaluación actual. Hungría se ha comprometido a informar completamente a la Comisión sobre el cumplimiento de los pasos clave de implementación antes del 19 de noviembre.

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