Bruselas pasa de puntillas por la amnistía en su informe sobre el estado de derecho y cuestiona la tramitación urgente

La Comisión Europea da la bienvenida al acuerdo para la renovación del Poder Judicial y recuerda que ahora se deben dar los pasos para cambiar el sistema de elección. Muestra preocupación por la presión de políticos sobre los jueces

La Comisión Europea pasa de puntillas por la ley de amnistía en su informe sobre el estado de derecho. A pesar de la presión ejercida por la derecha en Bruselas para que cuestione la medida de gracia para los independentistas, el gobierno comunitario sigue sin expresar su opinión sobre esa medida que ya está en vigor y que siempre ha dicho que estaba analizando. El informe se limita a mencionar que la adopción de la ley de amnistía “suscitó polémica” y que ha sido objeto de un informe de la Comisión de Venecia “que abordaba una serie de cuestiones relacionadas con el estado de derecho”.

Entre las cuestiones que la Comisión Europea menciona, como hicieron los expertos de la Comisión de Venecia, está la tramitación por la vía de urgencia que, recuerdan esas instituciones, “sólo permitía una consulta pública limitada”.

La principal novedad en este informe respecto a los cuatro anteriores es que por primera vez Bruselas ha dejado fuera la que hasta ahora era su principal preocupación sobre la situación del estado de derecho en España: el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial. El acuerdo sucrito por PSOE y PP precisamente en las instalaciones del gobierno comunitario en Bruselas y que este martes se aprobó en el Congreso lo ha permitido.

Lo que recuerda el informe es que ahora se deben dar los pasos para cambiar el sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces para adecuarlo a los estándares europeos, es decir, dar más peso a los magistrados en el proceso.

Ese fue uno de los puntos que formaba parte del acuerdo firmado por Félix Bolaños y Esteban González Pons, pero que lo dejaba para más adelante en contra de lo que había exigido el PP durante años como excusa para el bloqueo. El nuevo CGPJ tendrá que elaborar por mayoría de tres quintos una propuesta para modificar ese sistema que ha estado vigente tres décadas y se remitirá al Congreso. Esa redacción permitió a las partes verderlo como un éxito. Por un lado, el PP aseguraba que los socialistas habían claudicado a su exigencia mientras que el Gobierno dejaba en el aire que esa modificación se fuera a ejecutar. En su informe, Bruselas deja claro que es una de las patas que queda pendiente.

También recoge el acuerdo para la “reforma del estatuto del Fiscal General, que excluirá del cargo a las personas que hayan ocupado cargos políticos en los últimos años e impedirá que el Fiscal General actúe en casos que le afecten personalmente”. “Algunos avances en el fortalecimiento del estatuto del Fiscal General, pero no en lo que respecta a la separación de los mandatos del Fiscal General de los del Gobierno, teniendo en cuenta las normas europeas sobre independencia y autonomía de la fiscalía”, señala en las recomendaciones.

Uno de los toques de atención que llega de Bruselas a los políticos en España son las declaraciones sobre la carrera judicial. “El riesgo de que las declaraciones públicas de gobiernos y políticos puedan afectar a la confianza de los ciudadanos en la independencia judicial ha suscitado preocupación”, recoge el documento.

Recoge las amenazas de Miguel Ángel Rodríguez a elDiario.es

El informe también advierte de que los periodistas “siguen enfrentándose a retos cada vez mayores en el desempeño de sus actividades profesionales” y menciona las alertas que han llegado en ese sentido al Consejo de Europa. Entre ellas, alude al “acoso e intimidación” a los periodistas con una referencia explícita a un funcionario de la Comunidad de Madrid que “amenaza y reprende” a los periodistas por sus informaciones.

En concreto, se refiere a las amenazas proferidas por el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso a elDiario.es por las informaciones sobre la investigación por fraude fiscal a su pareja. “Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar”, le dijo en mensajes de WhatsApp Rodríguez a la adjunta al director de este medio Esther Palomera.

La plataforma para la defensa de la libertad de prensa del Consejo de Europa lanzó una alerta por esas amenazas y pidió una investigación a España. La Comunidad de Madrid respondió recientemente en ese proceso.

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