El 23 de julio de 2025, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, acordó un aumento del presupuesto para el hospital Fundación Jiménez Díaz, el buque insignia del grupo sanitario Quirón en la región. Lo hizo a través de la aprobación de una “Cláusula decimosexta” del convenio con este hospital. El centro, que tiene una parte totalmente privada y otra que presta servicio a la sanidad pública, factura a la Comunidad de Madrid por cada tratamiento u operación que hace para el sistema público, una modalidad de cobro ‘a destajo’ inusual gracias a un “convenio singular” firmado en 2006, cuando gobernaba Esperanza Aguirre. Cada año, ese convenio se va modificando con documentos que cambian (normalmente, actualizan y mejoran) las condiciones iniciales para Quirón. La última vez que se hizo una actualización fue el verano pasado.

Según lo firmado en el acuerdo, al que ha tenido acceso elDiario.es, se autorizó a este hospital de Quirón a elevar su techo de facturación con la sanidad pública a 455 millones (en 2011 el límite estaba en 285 millones) con la justificación del “aumento del IPC, aumento de la población y su envejecimiento” y también de la puesta en marcha de hemodiálisis a domicilio o programas de prevención. Además, autorizaron poder pagarle a este hospital más dinero por la formación de médicos MIR —más de 11 millones— a cuenta del IPC y aumento de número de facultativos. Por último, se acordó financiar al hospital en 45,5 millones de productos de farmacia, una subida justificada en que se había aumentado la actividad y por “la inclusión de nuevos fármacos”.

En 2025, el presupuesto que presentó y aprobó la Comunidad para la Fundación Jiménez Díaz era de 450 millones. Aun así, Sanidad ya había comprometido en ese mes de julio 488 millones con el centro, según documentación que ha podido revisar elDiario.es. Con la aplicación de esta cláusula nueva, los compromisos de pago se elevaban a 511 millones de euros para 2025.

¿De dónde iban a sacar el dinero para hacer frente a ese nuevo techo de gasto? Aunque los presupuestos se presenten cerrados y se aprueben en los parlamentos, los gobiernos pueden hacer modificaciones de crédito, que es mover partidas que no han ejecutado o no prevén gastar hacia otros gastos sobrevenidos que hayan aumentado. Es mover el dinero de un cajón a otro. Estas operaciones deben justificarse, aprobarse por la Consejería de Hacienda y se publican en los boletines oficiales. En 2025 ha habido 11 modificaciones de crédito a favor de hospitales de Quirón en Madrid de las que no se ha dado detalle público, explica Óscar Hernández, activista por los servicios públicos y la transparencia, que ha recopilado la información y solicitado todo el detalle por el Portal de Transparencia.

Para hacer frente a ese aumento de compromiso de pago, la Comunidad de Madrid hizo una memoria que justificaba esa “transferencia de crédito”, con el objetivo de recabar 29,9 millones de euros de otras partidas y hacer frente a parte de ese aumento presupuestario de la Jiménez Díaz, según documentación oficial conseguida por Hernández desde Transparencia y que ha revisado este medio. Los millones los sacó de las cuentas sanitarias, del sistema público. Por ejemplo, de la línea “Orientación futuros padres de hijos con discapacidad”. El Gobierno de Ayuso había dotado esta iniciativa con 300.000 euros que, con la nueva orden, quedaron a cero. Según los presupuestos de 2025, este programa pretendía “incorporar a la familia en el plan de cuidados, dedicando una atención especial a la complementariedad entre los apoyos formales e informales y para ello dota presupuestariamente actuaciones de orientación a futuros padres de hijos con discapacidad”.

También se dejó a cero la partida de 6,5 millones del “plan de cuidados paliativos” que, según los presupuestos oficiales, incluía la “humanización de espacios”, planes de formación para sanitarios o “mantener la adecuada oferta de camas hospitalarias”. La Consejería de Sanidad no ha contestado a las preguntas de elDiario.es ni sobre a qué partidas exactas iban destinados estos millones o qué iban a mejorar. Tampoco ha explicado si se ha compensado esa línea con otros ingresos.

Entre las partidas con más dinero sustraído está la de “Servicios nuevos” en atención primaria y hospitalaria, un ‘cajón’ que se redujo en 15 millones. O “implantes”, que en los presupuestos 2025 contaba con 19 millones y se vio reducida en 4,3. Sanidad, que no ha especificado qué tratamientos concretos se han visto comprometidos en estos dos casos, también redujo el dinero destinado a “energía”, “material quirúrgico” o “material de laboratorio” para hacer frente a los pagos al hospital concertado, que tiene una población de referencia de más de 460.000 personas y es el que más pacientes ha captado de otras áreas sanitarias en los últimos años: le va la rentabilidad en ello porque factura por tratamiento, y cuantos más pacientes consigue, más ingresa.

Los hospitales privatizados de Quirón y Ribera, los más beneficiados por el sistema en 2024

Saldo neto entre citas entrantes y salientes del sistema de libre elección de la Comunidad de Madrid en cada hospital en 2024. En
amarillo, destacados los hospitales de gestión privada de Quirón y Ribera Salud

Fuente: Comunidad de Madrid

La existencia de diferentes vías de pago hace que sea muy difícil saber lo que cobran realmente los cinco hospitales privados que prestan servicio público en Madrid (cuatro de Quirón y uno de Ribera Salud). Por una parte, hay un sistema de canon: la Comunidad paga a estas empresas un fijo por habitante asignado a su zona, vaya o no al hospital, y luego paga aparte por cada paciente que obtengan de otra zona. De hecho, con el sistema de libre elección, los hospitales concesionados han obtenido más de 1.200 millones extra en cinco años, al margen de sus presupuestos, y que ha pagado el Sermas. El caso de la Fundación Jiménez Díaz es especial porque no cobra un canon fijo, sino que factura por cada tratamiento que hace, sea o no de su zona.

Además, hay desembolsos puntuales fuera de los presupuestos porque hay deudas atrasadas que se autorizan en los Consejos de Gobierno. A esto hay que sumar pagos por intereses de demora, sentencias judiciales que obligan a abonar facturas con años de decalaje o, como en este caso, transferencias de crédito y modificaciones extraordinarias de presupuesto. Por otra parte, las auditorías de la Consejería de Sanidad a las empresas no se hacen de manera total, sino por muestreo. Todo ello hace casi imposible tener una radiografía precisa y transparente de costes e ingresos, lo que hace a su vez muy difícil dilucidar si el modelo de concesión es realmente eficiente como defienden en la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid desde que Esperanza Aguirre instaurara este sistema mixto en 2006 con una duración de 30 años.

El grupo Quirón no ha respondido a las preguntas de elDiario.es.

¿Tienes una pista que pueda llevarnos a destapar una información relevante? Puedes hacernos llegar documentación o datos confidenciales a la redacción por correo electrónico: [email protected].

Leer más