El magistrado Juan José Escalonilla ha archivado la investigación acerca de las supuestas cuidadoras de los hijos de Irene Montero y Pablo Iglesias en un auto en el que dice que no consta un solo indicio de que las imputadas Gara Santano y Teresa Arévalo se dedicaran a esa tarea, como ni siquiera consta que lo hiciera cualquier otra persona mientras ambos políticos percibían ingresos del partido o del «erario público».

En un auto con fecha del miércoles, 27 de julio, el magistrado concluye: «De las diligencias de investigación practicadas no sólo no consta acreditado que Teresa Arévalo Caravallo o Gara Dolores Santana Suárez se encargasen del cuidado de los hijos de Irene Montero y Pablo Iglesias, sino que incluso no consta acreditado que persona alguna, ajena a los propios padres se haya encargado de su cuidado durante el tiempo que desempeñaban funciones remuneradas por el partido político Podemos o remuneradas por el erario público».

El juez Escalonilla abrió esta investigación como una pieza separada del caso Neurona, que parte de una denuncia de José Manuel Calvente, un empleado despedido de la formación de forma improcedente, según reconocieron los tribunales, y que llegó a denunciar una caja B en el seno del partido que el magistrado instructor también descartó. En este caso fue otra extrabajadora, Mónica Carmona, quien aseguraba que Iglesias y Montero urilizaban a una trabajadora del partido como cuidadora de sus hijos. A raíz de esa denuncia, el juez Escalonilla abrió una investigación que se ha dilatado 15 meses.

La denunciante hablaba de una denuncia interna y confidencial que no pudo investigar por su despido como responsable de Cumplimiento Normativo del partido. Carmona también adjuntaba, como presunta prueba, una factura de un viaje electoral a Alicante al que también había acudido la supuesta cuidadora Teresa Álvarez, pese a que era cargo del partido y estaba justificado en ese sentido el desplazamiento a un acto de la formación.

La denuncia también señalaba a Gara Santana, en aquel momento asistente del Grupo parlamentario de Unidas Podemos y, por tanto, asalariada del Congreso de los Diputados. Los hechos, por tanto, serían constitutivos de malversación de caudales públicos, lo que ahora descarta el juez.

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