Anticorrupción investigará a Almeida y su equipo por el contrato a la empresa en la que trabaja el hermano de su concejal

La Fiscalía Anticorrupción investigará la adjudicación del Ayuntamiento de Madrid a la empresa en la que trabaja el hermano del concejal de Movilidad. Así lo ha anunciado este miércoles en rueda de prensa la concejala Marta Higueras, después de recibir la notificación el pasado 17 de febrero por parte del fiscal jefe del Estado con la apertura del procedimiento.

En su denuncia, presentada el pasado 30 de enero, Higueras acusaba al concejal Borja Carabante y al alcalde José Luis Martínez-Almeida de prevaricación, tráfico de influencias, asociación ilícita y cohecho. También a la empresa Subterra Ingeniería, a su empleado Rafael Carabante, a la directora general de Infraestructuras, Lola Ortiz, quien presidió la mesa de contratación en la que se adjudicó la licitación, y a Inmaculada Sanz, portavoz del Gobierno municipal y la persona que sustituyó a Borja Carabante en la firma de la adjudicación final.

"Animo al resto de grupos de la oposición a que formalicen el proceso judicial que hemos iniciado", ha explicado la concejala del Grupo Mixto ante el inicio de este proceso que afecta al candidato del PP a la alcaldía, a su jefa de campaña y su portavoz. "Es hora de que las fuerzas progresistas nos unamos", ha añadido a la vez que ponía a su disposición el trabajo ya efectuado por su grupo.

La apertura de diligencias de Anticorrupción, explican a elDiario.es fuentes de este organismo, responde a los criterios que utiliza la Fiscalía especializada para incoar diligencias, esto es, que los hechos descritos en la denuncia podrían ser constitutivos de delito, se enmarcan en las competencias de la Fiscalía especializada y revisten especial relevancia, informa Pedro Águeda.

Las diligencias de investigación se abren por un periodo de seis meses, que pueden ser prorrogables, con el objetivo de realizar las averiguaciones necesarias que permitan presentar una querella ante los tribunales o, de lo contrario, dictar un decreto de archivo porque Anticorrupción concluye que no hay indicios de delito. Todas las diligencias de investigación tienen carácter secreto y suelen incluir peticiones de documentación a los organismos aludidos y tomas de declaración a testigos y posibles investigados.

"Somos muy optimistas sobre el curso de estas diligencias", explicó durante la rueda de prensa Javier Flores, uno de los juristas del grupo de Higueras, mientras detallaba las acciones que podía tomar el fiscal, desde tomar declaración a los investigados, a funcionarios implicados en el concurso o a personal en la empresa contratista. "Puede hacer investigaciones patrimoniales", añadió.

A preguntas sobre si podía afectar esta investigación a la campaña electoral, Higueras declaró no tener "ni idea si puede afectar o no, lo hemos denunciado cuando lo hemos conocido", dijo descartando cálculos electoralistas. "Cualquier persona con responsabilidad pública no puede mirar para otro lado cuando tienes sospechas de que está sucediendo algo irregular", añadió. Y advirtió: "Lo que se desea es que las instituciones estén libres de cualquier sospecha de corrupción", añadió.

Durante el anuncio de la apertura del procedicimiento, Marta Higueras también reveló que su equipo jurídico está estudiando otros contratos del área de Borja Carabante en los que ha detectado "ciertas irregularidades" en los contratos de limpieza. "Si se repiten estaríamos ante un caso que nos vamos a plantear llevar a la Fiscalía", advirtió sin dar más detalles de que tiene relación "con la renovación de la flota". "Ninguna de las contratistas ha cumplido en el plazo que dice el contrato esa obligación. El dinero entregado a las contratistas no se ha utilizado para ello", añadió.

A finales de enero, Somos Madrid publicó que el contrato invesdtigado, valorado en tres millones de euros, había sido entregado a una empresa (Subterra) en la que trabaja el hermano de Borja Carabante, pese a que era el delegado había iniciado la contratación a principios de 2020. El concejal firmó en agosto de ese mismo año la aceptación que adjudicaba la obra a Esteyco-Subterra, aunque luego anuló su decisión y pidió abstenerse en el proceso. Ninguno de estos datos figuraban en el Portal de Contratación y el Ayuntamiento prefirió no publicarlos tampoco en su boletín oficial, alegando que no estaba obligado.

El área dirigida por Carabante concedió unos meses después un segundo contrato a la misma empresa, en la que su hermano Rafael Carabante ostenta el cargo de director de departamento. El modus operandi fue el mismo y el cometido esta vez era el de supervisar proyectos en Calle 30. Mientras, la redacción del soterramiento de la A-5 avanzaba con dificultades y el Ayuntamiento de Madrid daba cinco meses más de plazo y otros 460.000 euros a Subterra para corregir defectos de los que ya había avisado Metro antes de que empezaran los trabajos.

Los hechos desvelados por este periódico motivaron dos denuncias en la Fiscalía contra la Corrupción. La primera fue la citada de Marta Higueras (Grupo Mixto). Luego Podemos presentó otra al día siguiente, también basada en las mismas informaciones. Almeida amenazó en el último pleno municipal con posibles demandas ante cualquier acusación.