El Gobierno prevé dar luz verde a la prórroga del impuesto a los beneficios extraordinarios de las grandes empresas eléctricas en el Consejo de Ministros de la semana que viene, el último del año. Antes de que decaiga la medida el 31 de diciembre, el Ejecutivo recurrirá de esta forma a impulsar por iniciativa propia la continuidad del gravamen mediante Real Decreto y tras constatar la imposibilidad de poner de acuerdo a todos los socios parlamentarios.

La mesa de negociación entre el ministerio de Hacienda y los grupos del Congreso volvió a convocarse este miércoles por la tarde. Al igual que la semana pasada, Junts y PNV, abiertamente en contra del impuesto, declinaron asistir a las reuniones. Y tampoco acudió Podemos, que fue quien exigió la convocatoria de esa mesa a cambio de apoyar la reforma fiscal, algo que sentó especialmente mal en el PSOE y en otros socios parlamentarios de izquierdas. Los de Ione Belarra argumentaron que no tenía “razón de ser” asistir a una cita en la que no existe posibilidad de acuerdo entre los aliados de investidura.

Hacienda, no obstante, mantuvo su compromiso con el resto de socios y las reuniones se produjeron en la tarde del miércoles con grupos como ERC, EH Bildu o BNG. Pero el fiasco de ese foro y la constatación de que resulta una quimera poner de acuerdo a los socios progresistas con los conservadores en cuanto a la fiscalidad de grandes corporaciones cuyos intereses también defienden los nacionalistas vascos y los de Carles Puigdemont, el Gobierno ha decidido mover ficha por su cuenta y recurrir al Real Decreto.

En realidad, se trata de un paso más simbólico en lo político que en la repercusión real que pueda tener su aplicación. Al prorrogar el impuesto, en el departamento de María Jesus Montero consideran que habráan cumplido con su palabra dada a socios como Podemos, ERC o EH Bildu. Y que otra cosa será ya poder convalidar esa medida en el Congreso de los Diputados.

Una vez sea prorrogado el impuesto, su vigencia será automática en cuanto sea publicado en el Boletín Oficial del Estado y tras decaer el impuesto actual el últio día del año. Pero luego deberá ser convalidado por la mayoría del Congreso de los Diputados en un plazo máximo de 30 días desde su promulgación. Y ahí es donde entrararán en liza de nuevo los votos de Junts y PNV, imprescindibles para alcanzar una mayoría parlamentaria de apoyos.

Tanto los nacionalistas vascos como los independentistas catalanes se han mostrado hasta la fecha inflexibles respeto a un tipo impositivo del que reniegan. Aunque entre las filas socialistas hay quien atisba una rendija para el entendimiento. La intención de Hacienda en el decreto de la semana que viene es introducir mecanismos de bonificación para las empresas que se comprometan a invertir parte de sus beneficios en la descarbonización de la energía. Un elemento que hay quien piensa en el Gobierno que podría servir de pista de aterrizaje para la demanda de Junts de que el gravamen no perjudique las inversiones previstas en Catalunya. Para la otra pata, la del PNV, también existe interlocución desde el Ejecutivo respecto a la demanda de que sea una gestión y una recaudación que asuma por completo el Gobierno Vasco.

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