Junts ha pactado con el PP introducir una enmienda a una ley en el Congreso para volver a suspender a partir de 2025 el impuesto del 7% sobre el valor de la producción eléctrica. La iniciativa, que todavía tiene que ir a Pleno, ha prosperado porque contó con el apoyo de Vox, ERC y PNV, y salió adelante pese al rechazo de los dos socios de Gobierno, PSOE y Sumar. De aprobarse definitivamente, se volvería a suspender este tributo que implantó el PP en 2013.

La enmienda transaccional redactada por Junts y pactada con los populares señala que “con efectos desde el 1 de enero de 2025 y, en tanto el sistema no genere déficit de tarifa, se aplicará el tipo del 0 por ciento” en este impuesto. La enmienda ha sido incorporada al informe de la Ponencia del Proyecto de Ley por el que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Está por ver si finalmente sale adelante. El Gobierno tiene la facultad de vetar las enmiendas a un proyecto de ley “que supongan aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios”.

El reglamento del Congreso establece que, en estos casos, la Ponencia encargada de redactar el informe las remitirá al Gobierno y el Ejecutivo deberá dar respuesta razonada en el plazo de quince días.

La recaudación de este impuesto es de unos 1.100 millones de euros al año. Preguntada por este asunto tras el Consejo de Ministros, la ministra portavoz, Pilar Alegría, no ha aclarado si el Ejecutivo va a vetar esta enmienda, que “está en fase de ponencia”, un trámite “absolutamente inicial”. “Queda mucha tramitación y mucho debate por delante”.

Alegría ha señalado que el Gobierno es “perfectamente consciente de la situación de minoría parlamentaria que tenemos” y que “han decidido los ciudadanos el pasado 23 de julio”.

Este impuesto ya estuvo suspendido desde finales de 2018, cuando el precio de la electricidad empezó a dispararse en el mercado mayorista. Y volvió a suspenderse durante la crisis de precios energéticos derivada de la guerra en Ucrania. Actualmente está fijado en el 7%. Con esta enmienda el tipo volvería a pasar a cero.

El impuesto fue aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy para frenar el multimillonario déficit de tarifa (diferencia entre ingresos y costes regulados) que amenazaba con llevar a la quiebra al sistema eléctrico. El Tribunal de Justicia de la UE lo avaló en 2021.

Para justificar la introducción de esta enmienda, Junts expuso que el Libro Blanco para la reforma tributaria que el encargó el Gobierno recomendaba suprimir esta figura fiscal, ya que no diferencia entre las distintas tecnologías de generación y con ello perjudica la transición energética.

El PP asegura que la suspensión de este gravamen, que se cobra a las generadoras de electricidad pero que las eléctricas repercuten luego a los consumidores en los precios del mercado mayorista, supondrá un “ahorro” estimado de 400 millones de euros para las familias españolas. En el caso de las Pymes, el ahorro será de 500 millones, y de 200 millones para grandes industrias.

Desde las filas populares califican la aprobación de la enmienda de “éxito parlamentario impulsado por el Grupo Popular, cuya entrada en vigor permitirá bajar el precio de la factura eléctrica a las familias y a las empresas, algo que el GPP viene demandado desde el mes de septiembre del año 2018”. Los populares también han logrado que se apruebe otra enmienda que “favorece” la continuidad de la industria de cogeneración.

Ambas medidas formaban parte del plan energético que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, remitió a Moncloa el 12 de septiembre de 2022. El grupo parlamentario popular “espera que, ante esta nueva derrota que evidencia la debilidad extrema del Gobierno en el Congreso y la ausencia de una mayoría sólida para legislar, el PSOE y Sumar no intenten maniobrar, como han hecho en otras ocasiones, para bloquear la convocatoria de la Comisión e impedir que el informe que incorpora dichas enmiendas vea la luz”.

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