El Gobierno marroquí y el español. Son las dos instituciones a las que apunta el informe preliminar de la ponente de la comisión Pegasus del Parlamento Europeo, Sophie in ‘t Veld (liberal del partido holandés Demócratas 66) en los casos de espionaje al Ejecutivo español y los independentistas catalanes, respectivamente. «El Gobierno español probablemente fue el primer cliente de la Unión Europea del grupo NSO [creadores de Pegasus]», dice el informe.

«Se cree ampliamente que las autoridades marroquíes espiaron al primer ministro, Pedro Sánchez; a la ministra de Defensa, Margarita Robles, y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de manera similar al caso del presidente francés y los ministros», afirma el informe, que debe ser sometido a un proceso de enmiendas antes de ser aprobado por la comisión parlamentaria. Y, por las posiciones defendidas por populares, socialistas y parte de los liberales (Ciudadanos), es probable que el texto se vea rebajado.

«Se ha informado que el gobierno marroquí podría ser potencialmente responsable de este ataque, sin embargo, esa información no ha sido confirmada», matiza el informe sobre el espionaje al Gobierno español.

«El objetivo de un segundo grupo de víctimas se conoce como Catalan Gate», apunta el informe: «Incluye a parlamentarios catalanes, miembros del Parlamento Europeo, abogados, miembros de organizaciones de la sociedad civil y algunos familiares y personal relacionado con esas víctimas. El escándalo estalló por primera vez en 2020, pero no fue hasta abril de 2022 cuando Citizen Lab completó su investigación y se reveló la escala del escándalo. Los resultados de esa investigación mostraron que al menos 65 personas fueron atacadas».

El documento señala que «en mayo de 2020, las autoridades españolas admitieron haber espiado a 18 de esas 65 víctimas con autorización judicial». En este sentido, el informe de Sophie in ‘t Veld afirma: «El Gobierno español ha facilitado poca información hasta ahora sobre el papel que ha desempeñado, invocando la necesidad de confidencialidad en relación con la seguridad nacional. Sin embargo, la vigilancia de los objetivos catalanes fue realizada por las autoridades españolas, principalmente en relación con el referéndum de independencia del 1 de octubre de 2017 en Catalunya y los acontecimientos posteriores. El gobierno español probablemente fue el primer cliente de la UE del grupo NSO [creadores de Pegasus]».

Al mismo tiempo, el informe señala que «un análisis detallado de los ataques muestra un patrón claro. La mayoría de los ataques del Catalan Gate coinciden y se relacionan con momentos de relevancia política, como casos judiciales contra independentistas catalanes, mítines y comunicación con líderes catalanes que viven fuera de España. Dicha vigilancia incluye, por ejemplo, las comunicaciones abogado-cliente de un independentista encarcelado en vísperas de su juicio, contactos entre compañeros o comunicaciones relativas a la toma de posesión de escaños en el Parlamento Europeo. Dado que las autoridades han reconocido solo 18 de los 65 casos, y que las órdenes judiciales para esos casos no se han divulgado, no es posible establecer de qué manera tendrían un impacto inmediato o constituirían una amenaza inminente para la seguridad nacional o la integridad del Estado».

«En contraste con la naturaleza acelerada del caso de [Pedro] Sánchez et al. en Madrid, las causas que han sido presentadas en Barcelona por víctimas catalanas de spyware avanzan a paso lento», critica el informe.

En el documento se señala, además, que «el ataque a los ciudadanos catalanes con spyware comenzó en 2015 y se ha llevado a cabo a gran escala desde 2017. Después de la cobertura mediática inicial en 2020, el escándalo estalló en toda Europa en abril de 2022 con la publicación del informe de CitizenLab. de la Universidad de Toronto. Dado el paso del tiempo desde el comienzo del espionaje y estas revelaciones, no ha sido posible identificar o investigar más a fondo una serie de objetivos debido a diversos factores, como que varios objetivos se deshicieron del teléfono en cuestión».

«En total, se ha confirmado que 65 catalanes fueron atacados con spyware, 63 con Pegasus, cuatro con Candiru y al menos dos personas fueron atacadas por ambos», señala el texto: «Al menos, 51 personas fueron infectadas con éxito La directora del CNI, Paz Esteban, ha reconocido ante la comisión de Secretos Oficiales que 18 de esas 65 personas fueron hackeadas por las autoridades españolas con la autorización judicial requerida del Tribunal Supremo. El gobierno español se ha negado a comentar si las víctimas restantes fueron objetivos suyos. Entre los 18 presuntos objetivos legales se encuentran el actual presidente de Catalunya, Pere Aragonés, el expresidente y actual eurodiputado Carles Puigdemont, y otros políticos independentistas y sus asociados. La mayoría de esas 18 personas nunca fueron acusadas con un delito, como miembros de organizaciones de la sociedad civil, periodistas y abogados, y sin embargo fueron incluidos en esta lista. La ministra de Defensa Robles se ha basado en gran medida en la Ley de Secretos Oficiales en lugar de ampliar cuáles fueron los motivos de la vigilancia de esos objetivos específicos. Los 65 objetivos catalanes han estado en algún momento en contacto con los separatistas catalanes que viven fuera de España».

Leer más