Situaciones excepcionales requieren medidas extraordinarias. Es el prisma con el que enfoca el ala socialista del Gobierno las medidas económicas que quiere poner en marcha para enfrentar la inflación y la derivada social de la guerra de Ucrania. Por eso Pedro Sánchez le dio un carácter temporal a los nuevos impuestos a la banca y a las empresas energéticas y trabaja con ese mismo objetivo para la tasa a las grandes fortunas al que ha abierto la puerta tras haberlo descartado hace tan solo tres meses.

«Estamos trabajando en una idea temporal, ha explicado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en los pasillos del Congreso: «Ojalá esas circunstancias se corrijan, Putin se retire de Ucrania y podamos volver a la normalidad». «Las circunstancias dirán si es necesario no prorrogarlo», ha agregado la también número dos del PSOE. La intención es que el nuevo impuesto a los ricos tenga efecto a partir del 1 de enero de 2023. «Estará vinculado a la entrada en vigor en el 1 de enero de todo lo que son las obligaciones fiscales», ha precisado Montero, que lo ha desvinculado, en todo caso, de los Presupuestos Generales del Estado. 

El acuerdo programático de la coalición establece de forma genérica el gravamen a los ricos. «Se estudiará la fiscalidad de las grandes fortunas al objeto de que contribuyan a un sistema fiscal más justo y progresivo», señala el documento suscrito en 2019 por Sánchez y Pablo Iglesias. No obstante, la idea de Unidas Podemos es que tenga carácter estructural. Otra de las exigencias del socio minoritario, y en este caso sí precisada en el pacto, es una subida del IRPF para quienes más ganan: dos puntos los tipos impositivos sobre la base general para los contribuyentes que tengan rentas superiores a 130.000 euros y cuatro puntos para la parte que exceda de 300.000 euros. «El tipo estatal sobre las rentas de capital se incrementará en 4 puntos porcentuales para dichas rentas superiores a 140.000 euros», agrega el texto. 

El ala socialista del Ejecutivo se ha abierto a un impuesto a las grandes fortunas en el momento en el que se ha reabierto el debate fiscal a raíz de la decisión del presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno, de eliminar Patrimonio. Las fuerzas de izquierdas han cargado contra ese movimiento y la competencia desleal que supone entre comunidades, como ocurría hasta ahora con Madrid.

«Me parece una enorme irresponsabilidad de las comunidades autónomas que están pidiendo permanentemente más dinero al Gobierno central que renuncien en el marco de sus competencias a una recaudación y que decidan hacerlo sobre un 0,2% de los ciudadanos en detrimento de aproximadamente el 99%», se ha pronunciado Montero después de que Murcia haya planteado sumarse a las regiones que eliminan el impuesto de Patrimonio. «En Andalucía se está renunciando a recaudar 120 millones en una comunidad que tiene el gasto sanitario o educativo más bajo o educativo», ha dicho la ministra antes de rematar: «Es duro admitir en un momento de crisis en que los ciudadanos lo estamos pasando tan mal que se proteja a los grandes patrimonios».

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