El 15 de abril de este año, en elDiario.es publicamos la siguiente noticia: Ayuso utilizó a su jefe de despacho en Presidencia para negociar la compra de un nuevo piso en Madrid. La noticia llegó a nuestra redacción y la pudimos confirmar con una fuente presencial. La presidenta de la Comunidad había visitado el piso, de 100 metros cuadrados y 850.000 euros de salida, en diciembre. Primero sola y, en una segunda visita, acompañada por su pareja, Alberto González Amador. El hecho en sí podría parecer parte de la vida personal de la presidenta, si no fuera porque quien hizo todas las gestiones y concertó las visitas para este piso no fue la propia Ayuso, su pareja o alguien de su entorno privado.

El trabajo de negociación lo hizo un cargo público de la Comunidad: el jefe de despacho de la Secretaría de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Álvaro Sanz. Diplomado en Informática de Gestión, cobra 93.317,08 euros anuales de las arcas públicas. Esos días, había un debate en España y en los juzgados sobre si la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, había utilizado indebidamente a su asistente en Moncloa para gestionarle asuntos laborales en la Universidad Complutense. El día anterior a la publicación de nuestra noticia, Peinado había propuesto el procesamiento de ambas.

Amparados por el derecho de la ciudadanía a recibir una información veraz (artículo 20 de la Constitución) y en el hecho de que para la operación –de carácter privado– se habían utilizado recursos públicos, publicamos la noticia.

Ayuso, acuciada este viernes por las preguntas que sigue sin contestar (quién decidió comprar el ático de lujo, por qué ese piso y no otro o dónde está el expediente de Planifica Madrid que justifica un gasto de 6,3 millones), se presentaba en directo ante las televisiones como víctima de una fiscalización interesada o exagerada: “Si hubiera ese nivel de fiscalización y preguntas [al Gobierno], ni tendríamos una invasión, ni 20.000 millones perdidos de fondos europeos…”.

Sin que nadie preguntara en concreto por la noticia que elDiario.es publicó en abril, Ayuso ha querido ponerla como ejemplo de la supuesta intromisión en su vida personal: “elDiario.es llegó a publicar, robándome mi propia intimidad, la casa que yo estaba buscando para comprar. Salieron hasta los detalles de los metros cuadrados y dónde se encontraba esa casa. Si yo me estoy buscando casa en marzo, en abril, en mayo, en julio… será porque yo me estoy buscando mi casa, no porque quiero que los madrileños me paguen nada”.

En esa frase hay varias inexactitudes que conviene aclarar. Este medio publicó los metros de la casa y el precio, junto con algunas características generales. Pero nunca publicó la calle en la que se encontraba, ni ningún detalle identificativo de la misma. Solo el barrio, Chamberí, que tiene más de cuatro kilómetros cuadrados. Tampoco publicó fotos, pese a tener acceso a ellas.

El interés público y periodístico de la publicación no era, evidentemente, dar a conocer el piso en el que estaba interesada, sino en que hubiera empleado a un trabajador público en esas gestiones, en un contexto en el que ese asunto estaba de especial actualidad. Por eso el titular y el enfoque de la noticia era ese y no otro. Por eso la mayor parte de la extensión de la noticia está dedicada a eso. Por eso se llamó al jefe de Secretaría y a la Comunidad de Madrid para preguntar por esto, y no por las operaciones y gustos inmobiliarios de la presidenta. Por eso elDiario.es no reveló ningún detalle específico o reservado de la casa, cosa que sí hizo González Amador cuando puso a la venta el piso en el que han estado viviendo ambos en ese mismo barrio.

Otra falsedad de la declaración de la presidenta este viernes reside en la cronología temporal, con la que pretende dar la idea de que ella buscaba piso mientras Planifica Madrid compraba el ‘aticazo’. Ayuso estaba interesada en este piso más modesto desde diciembre de 2025, pero en enero de este año desistió de negociar más. Se lo quedaron otros compradores, de los que elDiario.es tampoco dio detalle. En febrero, un mes después de que quedara frustrada la operación inmobiliaria de la presidenta, la empresa pública adscrita a la comunidad que gobierna compró el ático de los 6,3 millones sin informar públicamente, sin que esté en su presupuesto, y con una finalidad todavía no justificada. 

Conocer en qué se emplean los recursos y el dinero públicos es un derecho, porque las instituciones son de todos, no de quienes la ocupan temporalmente. Por eso no es cotilleo, presidenta. Se llama periodismo.

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