Donald Trump mantiene su guerra comercial contra el mundo. Jamieson Greer, representante comercial de EEUU, ha anunciado este jueves que la Administración Trump “está imponiendo aranceles en 60 socios comerciales [59 países más la UE] por no establecer ni aplicar de manera efectiva la prohibición de importar mercancías producidas mediante trabajo forzoso”.

Citando la autoridad legal conferida por la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, Greer señala que los nuevos aranceles son el resultado de investigaciones realizadas por su oficina.

Estos nuevos aranceles, ordenados por Donald Trump, representan un nuevo movimiento del presidente de EEUU por restablecer un régimen de gravámenes a la importación de alcance casi mundial, después de que el Tribunal Supremo de EEUU anulara los aranceles de entre el 10% y el 50% impuestos en abril del año pasado al amparo de una ley de emergencia nacional que, según el tribunal, no era aplicable al caso.

En un principio, Trump respondió a dicho fallo imponiendo un arancel temporal del 10% durante un máximo de 150 días –salvo prórroga del Congreso–, medida que expira este viernes, en virtud de la sección 122 de la ley comercial, que le permite imponer hasta un 15% de gravámenes a otros países si hay un notable desequilibrio comercial.

En un comunicado, Greer calificó los nuevos aranceles como una respuesta a las violaciones de los derechos humanos.

El 10% es la tasa “para las economías investigadas que: (i) imponen una prohibición a la importación de productos fabricados con trabajo forzoso; (ii) se han comprometido a imponer y hacer cumplir dicha prohibición mediante un Acuerdo de Comercio Recíproco; o (iii) han establecido un régimen parcial que tiene el efecto de impedir la importación de determinados productos fabricados con trabajo forzoso: Argentina, Bangladés, Camboya, Canadá, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Jordania, Malasia, México, Pakistán, Sri Lanka, Trinidad y Tobago y el Reino Unido”-

El 10% o el 12,5% “es la tasa adecuada de los aranceles de la Sección 301 para ciertos productos de la Unión Europea, Taiwán, Japón, Corea y Suiza que no estén exentos por otros motivos”.

“El 12,5% es la tasa adecuada del arancel de la Sección 301 para todas las demás economías investigadas”, afirma la Administración Trump.

Esto ocurre apenas un día después de que la Administración Trump cerrara un acuerdo de cooperación nuclear con Arabia Saudí, país señalado por organizaciones de derechos humanos como uno de los mayores infractores en esta materia a nivel mundial.

“El presidente Trump reconoce que décadas de persuasión moral no han logrado erradicar el trabajo forzoso de las cadenas de suministro mundiales. Estados Unidos lleva casi un siglo prohibiendo la importación de productos fabricados con trabajo forzoso y aplicando dicha norma con rigor; ya es hora de que nuestros socios comerciales hagan lo mismo”, afirma Greer en su declaración sobre los nuevos aranceles: “La medida de hoy comenzará a corregir lo que constituye tanto una violación de los derechos humanos como una práctica comercial distorsionadora, con el objetivo de mejorar el bienestar de los trabajadores en todo el mundo”.

Los aranceles son pagados por empresas estadounidenses que importan productos extranjeros. Por lo general, los importadores intentan trasladar el costo cobrando precios más altos a los consumidores.

Los nuevos aranceles entrarán en vigor justo cuando expiren, a las 12:01 am de este viernes, los aranceles temporales del 10% aplicados a escala mundial tras el varapalo del Supremo, que anuló en febrero los aranceles generalizados que había establecido en abril de 2025.

Ahora, Trump apuesta por aranceles de carácter más permanente al amparo de la sección 301 de la ley de comercio de 1974, que faculta al presidente a imponer gravámenes a la importación y otras sanciones contra países que incurran en prácticas comerciales “injustificadas”, “irrazonables” o “discriminatorias”.

Trump utilizó la sección 301 para imponer aranceles elevados a China durante su primer mandato, medidas que superaron los recursos legales en los tribunales.

Es probable que se anuncien más aranceles bajo la sección 301: la Oficina del Representante Comercial de EEUU ha iniciado una investigación para determinar si 16 países —que representan el 70% de las importaciones estadounidenses— han incurrido en una sobreproducción de bienes, lo que reduce los precios y coloca a las empresas de EEUU en desventaja en los mercados mundiales. La administración aún no ha concluido dicha investigación.

Trump sostiene que los aranceles elevados reactivarán la industria manufacturera estadounidense, por lo que intentó dar la vuelta a la política comercial estadounidense invocando la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977.

Así, impuso aranceles de dos dígitos a las importaciones de casi todos los países del mundo, argumentando que el persistente déficit comercial de Estados Unidos constituía una emergencia nacional. Sin embargo, el Tribunal Supremo dictaminó que la IEEPA no autorizaba tales aranceles. La decisión obligó a la administración a reembolsar el dinero a los importadores que habían pagado dichas tasas.

En respuesta, Trump anunció aranceles globales del 10% bajo la sección 122 de la ley de comercio de 1974. No obstante, solo puede aplicar los gravámenes de la sección 122 durante 150 días, y el plazo para ellos vence este viernes.

La administración propuso inicialmente los aranceles por trabajo forzoso el mes pasado. Desde entonces, algunos países han reforzado las medidas contra el trabajo forzoso y han logrado acceder a aranceles más bajos, según fuentes de la Administración. Por ejemplo, el arancel a las importaciones de la India se fijó inicialmente en el 12,5%, pero ahora será del 10%.

Algunos productos —incluidos el petróleo, el gas y los fertilizantes— están exentos de los nuevos aranceles anunciados el jueves. También quedan excluidos aquellos productos que califican para un estatus libre de aranceles bajo el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (T-MEC), el pacto comercial norteamericano que Trump negoció durante su primer mandato.

Brasil, que se enfrenta a un arancel del 12,5% relacionado con el trabajo forzoso, calificó la medida de Estados Unidos de “arbitraria e injustificada” en un comunicado. El país planea invocar su ley de reciprocidad —lo que podría dar lugar a aranceles de represalia contra Estados Unidos— y presentar una queja ante la Organización Mundial del Comercio.

Según el Gobierno brasileño, Estados Unidos “decidió manipular una cuestión de gran importancia para los derechos humanos y las luchas de los trabajadores de todo el mundo con el fin de acusar a 54 países y a la Unión Europea de prácticas desleales”.

Los aranceles se están imponiendo a países que, según determinó Estados Unidos, no establecieron o no aplicaron eficazmente la prohibición de importar mercancías fabricadas mediante trabajo forzoso.

El Convenio sobre el trabajo forzoso de 1930 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) define el trabajo forzoso como “todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente”.

Según las últimas estadísticas de la OIT —un organismo de la ONU centrado en los derechos humanos y laborales—, en 2021 había unos 27,6 millones de personas sometidas a trabajo forzoso en todo el mundo en un momento dado.

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