La causa abierta en la Audiencia Nacional en la que permanece imputado José Luis Rodríguez Zapatero sigue ampliando el foco mientras el expresidente del Gobierno denuncia a golpe de escrito que está siendo objeto de una “causa general” en la que, además, se filtra su información privada. El juez José Luis Calama ha ampliado una investigación que arrancó en el rescate de Plus Ultra y ahora abarca las asesorías de Zapatero para Análisis Relevante, para empresas latinoamericanas e, incluso, las joyas que encontró la UDEF en una caja fuerte de su despacho en Ferraz. 

La Audiencia Nacional asumió en marzo las diligencias para analizar la ayuda pública de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra para combatir los devastadores efectos económicos de la pandemia. El origen del caso data de 2024, cuando la Fiscalía fue alertada por las autoridades de Francia y Suiza sobre la posibilidad de que el rescate hubiera sido utilizado para alimentar una trama de lavado de dinero de Venezuela. Y en marzo de este año se encontró con un nuevo impulso: los mensajes intervenidos en Estados Unidos al venezolano Rodolfo Reyes. 

Estas conversaciones fueron incautadas por las autoridades estadounidenses en 2021, cuando Reyes fue detenido momentáneamente en Miami, investigado por blanqueo en ese país. Pero no fueron aportados a la Audiencia Nacional española hasta este año 2026. Entre páginas y páginas de mensajes, algunos que aluden al “pana” Zapatero y que, según el juez Calama, permiten pensar que el expresidente del Gobierno usó su influencia en Moncloa para que la aerolínea fuera rescatada. 

El magistrado no ocultó sus sospechas durante el interrogatorio. Llegó a preguntar a Zapatero si en 2020 comió con Pedro Sánchez. Y el expresidente negó con vehemencia que hiciera alguna gestión relacionada con esos millones: “No intervine en el rescate de Plus Ultra y eso es una verdad incuestionable”. Los empresarios ligados a la aerolínea, por su parte, están acusados de usar el dinero del rescate para blanquear.

Del rescate a las asesorías. Tanto el juez Calama como especialmente la UDEF consideran que los trabajos de Zapatero para la empresa Análisis Relevante, de su amigo Julio Martínez, no eran ninguna asesoría real, sino una forma de pagarle por ejercer su influencia política a su favor. Lo mismo sospecha con respecto a la empresa de las hijas del expresidente, Whathefav, razón por la que ha imputado a ambas, aunque por ahora no ha llamado a declarar a ninguna. 

En los últimos días la causa ha dado un nuevo salto. Un informe de la UDEF acusa a Zapatero de cobrar 200.000 euros de un conglomerado empresarial peruano a través de una empresa pantalla pero no por asesorías, como dice el contrato, sino por interceder ante el entonces presidente de Bolivia, Luis Arce, y otras autoridades para solucionar un pleito millonario que tenía la compañía en ese país. Las fuentes de esta acusación son los mensajes que su secretaria, Gertrudis Alcázar, cruzó con sus interlocutores. La defensa de Zapatero ha replicado que es un trabajo de consultoría “legal por completo” y se ha quejado de una investigación “prospectiva” contra toda su actividad profesional. Arce ha negado que el exdirigente le pidiera mediar y en la actualidad ese litigio todavía no se ha resuelto.

Todas estas ramificaciones del caso se unen a otro frente abierto contra Zapatero durante los registros de su despacho en la calle Ferraz: las joyas, valoradas en 1,3 millones de euros, encontradas en una caja fuerte. Cuatro pesquisas en una sola causa que ya han llevado a la defensa del expresidente socialista a pedir la nulidad de las actuaciones y denunciar una “causa general” contra él basada, además, en pruebas obtenidas de forma ilegal, según su abogado. 

Las quejas se empiezan a amontonar encima de la mesa del juez Calama y la principal tiene que ver con las más de mil páginas de conversaciones telefónicas intervenidas a Rodolfo Reyes en 2021 y que ahora, cinco años después, son clave para la imputación. Mensajes aportados por la agencia estadounidense Homeland Security Investigations (HSI) y que el expresidente quiere impugnar. La Audiencia Nacional, como es habitual cuando se produce una colaboración internacional, tendrá que pedir a Estados Unidos la certificación de que la cadena de custodia se ha cumplido y de que los mensajes se han obtenido, guardado y aportado de forma legal. 

El último escrito de la defensa del expresidente del Gobierno apunta en esa dirección. Lo que abrió y expande cada semana el juez Calama, afirma su defensa, es una “causa general” contra él y reclama que se limite a investigar su relación con el rescate de Plus Ultra y sus trabajos con Análisis Relevante. Requisar y usar de forma indiscriminada la información que la UDEF sacó de sus agendas, añade, va mucho más allá del objeto de la causa y vulnera sus derechos fundamentales. 

Un “atropello” a la intimidad de Zapatero

La Policía incautó en el registro del despacho de Zapatero una enorme cantidad de información procedente de agendas en papel, carpetas, pendrives y discos duros, a la que se sumó el clonado del móvil de su secretaria desde hace más de dos décadas, Gertrudis Alcázar. Esa información nutrió los documentos policiales, pero además se incorporó en su totalidad al anexo al informe de la UDEF y acabó en manos de las 15 defensas y las 10 acusaciones populares que están personadas en el procedimiento. 

El expresidente y Alcázar vieron cómo en la sobremesa del miércoles sus chats privados acababan convertidos en titulares en los medios pese a que no estaban vinculados con la investigación judicial. La defensa de Zapatero lo ha calificado de “atropello” a su intimidad y presentó un escrito ante Calama en el que afirmaba que “no se trata de datos irrelevantes, o minucias y curiosidades sin mayor importancia”: “Se trata obviamente de datos que dibujan un retrato de las ocupaciones y de las actividades de una persona que no ha perdido ni un ápice de sus derechos”, argumentó su abogado en el documento fechado este jueves. 

El juez Calama —que fue quien puso la documentación a disposición de las partes— reaccionó al revuelo con el anuncio del pasado jueves de que deduciría testimonio para que un juzgado de Madrid “investigue las filtraciones e identifique a sus responsables”. La ley prevé un trámite de “expurgo” —es decir, separar qué es relevante para una investigación de lo que son cuestiones privadas o no relevantes— en el caso de las escuchas telefónicas, pero hay un vacío legal con respecto al clonado de dispositivos como móviles. De esta forma, la responsabilidad de llevar a cabo ese cribado entre el material incautado acaba recayendo sobre el juzgado, según explican juristas a elDiario.es, y depende de la decisión que tome cada magistrado.

Cuenta atrás para responder sobre las joyas

Desde que el pasado 19 de mayo los agentes de la UDEF recorrieran los diferentes despachos de la oficina del expresidente socialista en la calle Ferraz han pasado más de cinco semanas. En este tiempo, Zapatero no ha dado una explicación oficial para una de las incautaciones que se hizo ese día: las joyas valoradas en más de un millón de euros que estaban en una caja fuerte que procedía, en realidad, de la vivienda del matrimonio. Ese hallazgo dio pie a la primera de las ramificaciones de este caso: una pieza separada por delitos contra la Hacienda Pública y contrabando.

Zapatero entra a partir de este lunes en una cuenta atrás que él mismo se autoimpuso en su declaración como investigado ante el juez. Ese día aventuró que en “una semana o diez días” podría responder sobre el origen de las joyas después de buscar la documentación que permitiera acreditar la procedencia y la fecha en la que las obtuvo. La única pista oficial sobre el origen de las joyas la dio la asistente de Zapatero, Gertrudis Alcázar, el mismo día del registro, cuando contó a los agentes de la UDEF que eran de una herencia familiar de Sonsoles Espinosa y “regalos de viajes”.

La secretaria de Zapatero está imputada desde hace una semana por los indicios que el juez cree que hay de su “participación directa en los hechos”. Su nombre aparece trufado en los informes policiales que sustentan la investigación porque se encargaba de las citas del expresidente y gestionaba la cuenta de correo identificada como “el principal canal de comunicación interna de la red”.

La ofensiva que ejecuta el PP a través de las comisiones de investigación, aupado por la mayoría que tiene en el Senado, llevará a Alcázar a tener que acudir este lunes a la Cámara Alta. Es probable que no responda a ninguna de las preguntas de los partidos, como ya ha ocurrido con otros imputados que han pasado por el brete de declarar antes en el Senado que en sede judicial. El PP todavía se reserva más nombres en el calendario: por esa comisión también desfilarán el exministro José Luis Escrivá, por una reunión con Zapatero en septiembre de 2020 que ambos desvinculan del rescate de Plus Ultra, y Cristóbal Cano, el gestor de Julio Martínez Martínez.

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