El Partido Popular y las acusaciones ultra que sustentan la causa contra el hermano de Pedro Sánchez han defendido este lunes sus conclusiones finales en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial. En contraposición a las declaraciones de los funcionarios, técnicos y peritos que, en las últimas sesiones, han puesto en entredicho las deducciones incriminatorias de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, los letrados han ensalzado las “demoledoras” conclusiones del instituto armado, que apuntan a que la plaza adjudicada al músico estaba amañada. 

Así, los informes de las acusaciones populares han tratado de desacreditar los testimonios de los testigos que, a excepción de una contrincante del hermano del presidente del Gobierno en el concurso de selección, han apuntalado las tesis de las defensas. Especialmente duro ha sido el letrado del Partido Popular, Alberto Durán, que ha buscado atacar su credibilidad. “Los testigos han aportado bastante poco. O son inducidos, o trabajan para la Diputación, o tienen miedo a decir la verdad, o han sido recientemente ascendidos, que es lo peor, y premiados por su futura declaración en el seno de este plenario”, ha aseverado. 

“No podemos pretender que un informe realizado por la UCO tenga la misma validez que las declaraciones realizadas por personas con el carnet del PSOE que trabajan para la Diputación y que tienen una dependencia orgánica”, había dicho previamente la letrada de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos.

El teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción de la Unidad Central Operativa (UCO), que participó en el volcado de los correos electrónicos de los empleados de la Diputación de Badajoz, compareció la semana pasada ante el tribunal. Este mando policial aseguró que de la lectura de esos correos se infiere que la decisión de crear ese puesto “partió de un nivel superior con capacidad política”.

En concreto, señaló al expresidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, que también se sienta en el banquillo por prevaricación y tráfico de influencias, como la persona que decidió en 2016 crear la plaza de coordinador de los conservatorios e iniciar un proceso que estaba “predeterminado” para que fuera David Sánchez ocupara el puesto.

El letrado del PP, Alberto Durán, ha defendido que son esos correos los que “dicen la verdad de lo que aquí ha ocurrido”, dado que “nadie deja por escrito en un expediente administrativo su propósito delictivo”. Previamente, el abogado del partido minoritario Iustitia Europa, Luis María Pardo, había definido ese expediente administrativo como “el envoltorio de una voluntad omnímoda ya consumada”. “Se ha convertido la potestad reglamentaria y administrativa en una herramienta de vasallaje al servicio de intereses particulares y también de intereses políticos”, ha añadido este mismo abogado. 

“Lo que nos dice la UCO es que hay un impulsor que va más allá del área de Recursos Humanos, que también está implicada, que va más allá del área de Cultura, que es el área de Presidencia del señor Gallardo”, ha defendido Polonia Castellanos, la representante de Abogados Cristianos, que ha calificado las conclusiones del instituto armado de “demoledoras” y “aplastantes”. “La UCO hace una relación de acciones y responsabilidades de cada uno de los autores que ponemos en valor y que entendemos que es correcto”, ha añadido otro de los letrados, Alexis Aeneas, representante de Liberum, un colectivo antivacunas.  

Por su parte, la representante de Vox, Marta de Castro, ha sacado a colación la declaración del teniente coronel Balas, quien defendió que “el motivo del impulso y el núcleo de decisiones” está en la Diputación de Badajoz. Basándose en los atestados de la UCO, la letrada ha defendido que esa institución tenía la “capacidad política” y que desde ahí fue descendiendo por todos los órganos necesarios para conseguir la finalidad perseguida: “crear un puesto a medida del máximo beneficiado de David Sánchez, adaptarlo a sus preferencias profesionales y personales, incluyendo incluso una nueva contratación mediante un procedimiento similar”.

Además, al inicio de la sesión, el tribunal ha rechazado la petición de la defensa del hermano de Pedro Sánchez de volver a declarar después de que todas las acusaciones populares menos Manos Limpias duplicaran su petición de pena hasta los seis años. Las acusaciones argumentan que, aunque el delito de aceptación de nombramiento ilegal esté prescrito, no lo están los hechos, por lo que ahora lo califican como prevaricación.

Al considerar el tribunal que ese hecho estaba prescrito, Emilio Cortés, el abogado del principal investigado no le hizo preguntas al respecto. Este lunes, tras el cambio en la petición de pena, el letrado ha solicitado poder interrogar de nuevo a su cliente. Tras retirarse brevemente a deliberar, el tribunal ha rechazado su petición al considerar que no hay una modificación sustancial de los hechos que justifique una nueva declaración. 

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