Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han acudido a primera hora de este miércoles a la sede central del PSOE en la madrileña calle Ferraz , según ha adelantado El Confidencial y han confirmado a elDiario.es fuentes próximas a la investigación. La UCO se ha personado para requerir documentación, no se ha producido un registro de la sede. Los agentes sí han registrado el domicilio del ex secretario de Organización socialista Santos Cerdán y se ha producido otro registro vinculado al que fuera vicepresidente de la Junta de Andalucía con el PSOE Gaspar Zarrías. 

La operación se produce en el marco de una pieza separada secreta de la causa en la que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga si el expresidente de la SEPI Vicente Fernández, la exmilitante y exconcejal socialista Leire Díez y el empresario Antxon Alonso —vinculado al exdirigente del PSOE Santos Cerdán— amañaron contratos públicos a cambio de mordidas, informan fuentes jurídicas.

Los tres fueron detenidos el pasado diciembre y quedaron en libertad tras pasar a disposición judicial. Estaban siendo investigados por delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal en relación con supuestos amaños de contratos públicos a partir del año 2021. Esto es, una vez que Vicente Fernández había salido de la SEPI y pasado a cobrar de Servinabar, la sociedad de Antxon Alonso considerada vehículo para el cobro de mordidas de Santos Cerdán y el resto de miembros de la trama que se investiga a raíz del caso Koldo.

La investigación iba dirigida a la influencia que pudo ejercer Vicente Fernández en la SEPI después de haber tenido que dejar el puesto y cómo Servinabar se pudo beneficiar de las adjudicaciones. En 2021, según un informe de la Hacienda foral de Navarra incorporado al sumario del caso Cerdán, el expresidente de la SEPI comenzó a trabajar para Servinabar. En dos años, Fernández cobró 100.000 euros de esa sociedad de Antxon Alonso. 

Por otro lado, el pasado abril, Zarrías compareció como testigo en otra causa judicial, la que dirige un juez de Madrid e investiga a Leire Díez por delitos de tráfico de influencias y cohecho. En esa comparececncia, Zarrías explicó tuvo contratada durante cuatro meses a la exmilitante del PSOE después de que ella le pidiera apoyo económico porque estaba culminando una investigación en la que pretendía demostrar la participación del comisario José Manuel Villarejo en el inicio del procedimiento de los ERE, en el que estuvo procesado y acabó absuelto por el Tribunal Constitucional. Le pagó 16.000 euros.

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