La acusación popular que dirige el PP ha modificado sus conclusiones y ha pedido rebajar aún más la pena para el empresario Victor de Aldama. Ha solicitado que se aplique una atenuante muy cualificada de confesión tras su declaración ante el Tribunal Supremo, en la que lanzó graves acusaciones sin pruebas sobre una supuesta financiación ilegal del PSOE y fue incluso más allá al tratar de implicar directamente al presidente del Gobierno. 

En total, su petición ha pasado de siete años a cinco años y dos meses. La clave, no obstante, es que la pena solicitada por ninguno de los delitos supera los dos años, por lo que no implicaría su entrada en prisión. El letrado del PP, Alberto Durán, haa explicado que en su decisión pesa la colaboración ofrecida por el comisionista, ya que, a su juicio, “ha facilitado el descubrimiento de otras actuaciones delictivas relacionadas con obra pública”. 

Por otro lado, la Fiscalía mantiene la petición de siete años de cárcel para el empresario al que le aplica una atenuante de confesión. Al abordar este asunto con la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ésta le manifestó que consideraba que no había elementos para rebajar aún más la pena, explican a elDiario.es fuentes fiscales. Finalmente, el fiscal Luzón ha mantenido su petición de pena inicial, tal y como ha explicado ante los magistrados que deberán dictar sentencia. También ha mantenido las peticiones de 24 años de cárcel y de 19 años y medio de prisión para el exasesor Koldo García.

El artículo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) establece que “los miembros del Ministerio Fiscal pondrán en conocimiento del Fiscal General del Estado los hechos relativos a su misión que por su importancia o trascendencia deba conocer”. Además, el artículo 27 de esa misma norma establece que los fiscales pueden exigir la convocatoria de la Junta de Fiscales de Sala en caso de discrepancia con la “orden o instrucción” recibida del fiscal general. 

Fuentes fiscales han señalado a elDiario.es que la decisión de mantener la calificación inicial se ha adoptado de forma unitaria en el seno del Ministerio Fiscal y que no ha existido una orden por parte de Peramato en el sentido de mantener las calificaciones previas de los delitos.

En su escrito de calificación —presentado el pasado noviembre—, Luzón valoraba la “información relevante” aportada por Aldama, a quien su confesión le sirvió para salir de la cárcel, donde había entrado por su implicación en otro caso, un millonario fraude con hidrocarburos. 

En ese informe, el fiscal aludía a los “pantallazos” que aportó y en los que figuraba un listado de obras de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes donde aparece una relación de contratos que estarían “pre-adjudicados” a determinadas empresas que “habrían adquirido el compromiso de pago de comisiones si resultaban adjudicatarias”, así como unas notas manuscritas que atribuyó a Koldo García y donde se reflejaban hasta seis contratos supuestamente amañados. 

Ábalos carga contra la UCO y Aldama

Las partes detallaron sus conclusiones tras escuchar al principal investigado, el exministro Ábalos. El que fuera secretario de Organización del PSOE se sentó este lunes ante los siete magistrados del Tribunal Supremo que deben decidir si es inocente y culpable con el convencimiento de que su caso está juzgado desde hace tiempo y que el veredicto será una “condena clara”.

Así lo afirmó él mismo en un extenso interrogatorio en el que cargó contra el “sesgo permanente” de los informes de la Guardia Civil que le incriminan y en el que pasó algunos apuros al tratar de justificar los movimientos de sus cuentas bancarias y los miles de euros en gastos de índole personal que abonó quien fuera su mano derecha, Koldo García, al que los investigadores atribuyen el rol de “custodio y gestor” de su dinero. 

La investigación ha acreditado que manejó en cinco años hasta 95.000 euros sin rastro bancario. Una cantidad que el exdirigente socialista opuso a los “entre 3,5 y 4 millones de euros” en comisiones que Aldama afirmó que había pagado al exministro y a quien fuera su mano derecha. “El gran caso de corrupción de las mascarillas. Me han encontrado 95.000 euros. No ha habido forma de encontrarme más”, sostuvo a preguntas del fiscal.

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