La defensa de Begoña Gómez ha presentado ante el juez Peinado un informe en el que asegura que a la Universidad Complutense “no se le ha causado perjuicio alguno” por la cátedra extraordinaria que codirigió y, de hecho, “las cifras presentadas reflejan un superávit a favor de la entidad pública”.

La Universidad cifró el coste del perjuicio en 113.509,32 euros procedentes de sumar el dinero de los contratos suscritos con terceros (108.765,79 euros) y costes de personal y dirección (4.743,53 euros). El documento, firmado por el doctor Jesús Rodríguez Márquez, profesor titular de Derecho financiero y tributario, argumenta que el hipotético perjuicio “no puede consistir en las cantidades invertidas” en la elaboración de la plataforma como herramienta propia de la Cátedra. “Nunca puede suponer un perjuicio para la Complutense gastar unos fondos que proporcionan unos terceros, en las finalidades previstas por el convenio suscrito con tales terceros”, asegura.

“La UCM ha recibido de las empresas privadas 158.400 euros, que debían destinarse a las actividades de la Cátedra, incluyendo la elaboración del software. Lo que dice la cuantificación realizada por la universidad es que, de esos 158.400 euros recibidos de terceros, 108.765,79 euros se han destinado a la finalidad para la que estaban previstos. La UCM también ha recibido de esas mismas entidades privadas 17.600 euros para atender a los gastos de personal y de dirección de la UCM aplicados a la Cátedra (…) Lo que dice la cuantificación es que el gasto real de la UCM por estos conceptos ha sido de solo 4.743,53 euros, con lo que ha obtenido un superávit de 12.856,47 euros”, concluye.

El informe hace referencia a la supuesta apropiación indebida investigada por el juez de un software fabricado durante el desarrollo de la cátedra para el uso de pequeñas y medianas empresas. Gómez buscó financiación privada para la puesta en marcha de una herramienta informática vinculada a la cátedra que era gratuita para todos los usuarios. El software era una aplicación tecnológica diseñada para ayudar a las empresas a cumplir con los criterios de sostenibilidad, facilitando así su acceso a ayudas públicas. Fue sufragado con fondos de varias empresas (Indra, Google y Telefónica).

El documento encargado por Gómez finaliza insistiendo que el dinero recibido por esas entidades privadas “se ha destinado a la finalidad a la que estaban destinados originariamente” y eso era una “obligación” para la universidad: “De no haberlo hecho así, sería la UCM la que hubiera causado un perjuicio a esos terceros patrocinadores, debiendo restituir la financiación recibida (y, eventualmente, una indemnización por los daños ocasionados). Por tanto, el posible perjuicio nunca se puede cuantificar en estos gastos que eran debidos y obligatorios para la Complutense como consecuencia del convenio y contrato suscritos con las entidades privadas”.

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