El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, defiende que se limitó a poner de relieve un “hecho objetivo” en sus últimas declaraciones públicas sobre el juez Juan Carlos Peinado a raíz de la decisión de sentar en el banquillo a Begoña Gómez. Así consta en una carta remitida por el ministro a la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, que le acusó a través de otra misiva de ejercer un “señalamiento personal” con el magistrado y calificó de “inadmisible” sus palabras.

Tras trascender el auto por el que Peinado pretende llevar a juicio a la esposa de Pedro Sánchez por cuatro delitos carentes, por ahora, de base probatoria, Bolaños aseguró que esa causa “avergüenza” a muchos ciudadanos y a jueces y fiscales. “Ha hecho un daño irreparable”, apuntó. Y añadió: “Mi confianza es que un tribunal superior e independiente revocará estas decisiones y tomará medidas ajustadas a derecho”. 

“Claro que se puede opinar sobre resoluciones judiciales. Eso es la democracia. El ministro de Justicia no tiene limitado su derecho fundamental a la libertad de expresión. Al revés, si cabe, tendrá una preocupación mayor y una opinión, si cabe, más cualificada, porque conoce la materia. Y les aseguro que es muy compartida por una amplísima parte de la sociedad española y por una muy buena parte también de la carrera judicial, que está preocupada por cómo algunas decisiones judiciales pueden afectar al buen nombre de la justicia”, añadió un día después, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. 

E insistió en que lo que esperaba el Ejecutivo era que instancias superiores corrijan la deriva de Peinado: “Quiero manifestar mi confianza absoluta en la justicia, en los tribunales superiores, que de hecho en la práctica ya han dado multitud de resoluciones judiciales en este procedimiento y han revocado parcialmente muchas otras que no eran ajustadas a derecho, que eran contrarias a nuestro ordenamiento”.

En su carta, a la que ha tenido acceso elDiario.es, el ministro defiende que con esas palabras se limitó a poner de relieve “un hecho objetivo y extraordinario”. Y afirma que alrededor de una quincena de resoluciones dictadas por este magistrado en el procedimiento contra Begoña Gómez han sido anuladas parcial o totalmente por la Audiencia Provincial y el Tribunal Supremo, que frenó el intento del juez de implicarle a él mismo en la causa. No obstante, la Audiencia Provincial también ha avalado otras de sus decisiones, como la investigación por malversación por las funciones de la asistente que lleva la agenda de Begoña Gómez. 

Además, en la carta el ministro recuerda que el Consejo General del Poder Judicial tiene pendiente resolver denuncias y quejas que afectan a Peinado. “Esta circunstancia no puede calificarse de habitual, muy al contrario, es muy anormal. Estoy plenamente convencido de que ninguno de los más de 900 jueces/zas y magistrados/as miembros de la asociación judicial Francisco de Vitoria ha dirigido una instrucción en la que se haya producido algo parecido. Subrayar esto no implica descalificación personal alguna, sino realizar una valoración de una realidad incuestionablemente excepcional”, defiende en su carta.

Finalmente, Bolaños afirma que la independencia judicial en España está “absolutamente garantizada”. Y recuerda que los propios jueces españoles puntúan su independencia personal con un 9,2 sobre 10, según una encuesta realizada por la Red Europea de Consejos del Poder Judicial. “Obviamente, esta independencia judicial y la separación de poderes en nuestro país no se ven ni mínimamente afectadas por cualquier declaración pública”, añade el ministro, que concluye reiterando su respeto por la función jurisdiccional y su disposición a mantener un diálogo institucional “leal y constructivo”. 

En su misiva, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, que se define como independiente, argumentaba que si bien es legítimo que el Gobierno discrepe de las resoluciones judiciales, el ministro de Justicia tiene un deber especial de “prudencia, contención y respeto” hacia otro poder del Estado. Y consideraba que Bolaños vulneró este deber al ampararse en la libertad de expresión para lanzar lo que consideran “ataques personales”. También le instaban a poner fin a lo que definen como una “dinámica de confrontación”. 

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