El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha autorizado la apertura de una investigación, solicitada por la Fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, Dolores Delgado, para determinar si las acciones de Israel en Gaza podrían ser “graves violaciones del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, constitutivas de crímenes previstos en los artículos 607 y siguientes del Código Penal”, según el decreto de la Fiscalía al que ha tenido acceso la Cadena SER, y que ha podido confirmar elDiario.es. Se trata de un tipo de investigación parecido al que llevó a cabo la justicia española para investigar los crímenes de guerra de Rusia en Ucrania.

Así, García Ortiz decreta “remitir a la Fiscalía de la Audiencia Nacional el informe de la Comisaría General de Información obrante en el expediente de referencia a los efectos de incoar las correspondientes Diligencias de Investigación Pre Procesal, que deberán ser comunicadas a la Corte Internacional de Justicia y a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, así como a la fuerza actuante”, según el texto que cita la SER.

En su comunicación razonada, Delgado explica que “en relación con los graves hechos que se están produciendo en la Franja de Gaza” se han desarrollado varias acciones desde espacios de justicia internacional como la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional, de la que España forma parte y a la que nuestro país se adhirió a la causa abierta por Sudáfrica ante la Corte; “España señaló como objetivo respaldar a la Corte y contribuir a aplicar las medidas cautelares obligatoria”, recuerda el decreto del fiscal general del Estado.

El escrito de la Fiscalía cita la ley de Cooperación con la Corte Penal Internacional y el artículo 23.4.a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, pues “otorga jurisdicción a los tribunales españoles para conocer de hechos cometidos fuera del territorio español que pudieran ser constitutivos de delito de genocidio, lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, siempre que el procedimiento se dirija contra un español o contra ciudadano extranjero que resida habitualmente en España, o contra un extranjero que se encontrara en España y cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas”. “Por eso, y dado el estado actual en los territorios de Palestina, cualquier prueba, ya sea directa o indirecta, que sea posible recabar en nuestro país ha de ser fijada en un marco procesal que permita luego su uso”, dice. Las conclusiones de esta investigación se presentarán a las cortes internacionales que ya tienen abiertos procedimientos sobre ello.

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